El Pleno del Parlamento de Cantabria ha cerrado este lunes una jornada de consenso en varias materias clave, destacando la aprobación por unanimidad de una moción socialista que obliga a entregar los resultados de biopsias sospechosas de cáncer en un plazo máximo de 15 días desde su realización. PP, PRC, PSOE y Vox han secundado esta iniciativa del diputado Raúl Pesquera, que reclama medidas urgentes para reforzar las plantillas de Anatomía Patológica en los hospitales regionales, optimizar la organización interna y apostar por tecnología que acelere los diagnósticos. Además, pide al consejero de Salud, César Pascual (PP), un informe detallado por centros y tipos tumorales más habituales en tres meses.
Los datos que han motivado esta propuesta son elocuentes: a 31 de enero, el Hospital de Sierrallana acumulaba 33 días de media, Laredo 21 y Valdecilla 7,43. En Torrelavega, el retraso se agravó por bajas de dos patólogos de cinco, aunque a 3 de marzo ya bajaba a 25 días. Estas cifras superan el objetivo de 15 días, lejos del ideal de 48 horas de la Academia Americana de Anatomopatólogos o los siete días europeos. Pesquera ha subrayado la angustia de pacientes esperando respuestas vitales, mientras el PP ha apoyado sin rechistar, reconociendo la necesidad de agilizar sin entrar en confrontaciones.
En paralelo, la Cámara ha dado luz verde por unanimidad –con enmienda de Vox aceptada– a una proposición no de ley del PRC para revitalizar el programa ESPADE (Especial de Atención al Deporte), que ayuda a adolescentes de alto nivel a conciliar ESO/Bachillerato con entrenamientos y competiciones. El texto, defendido por Javier López Estrada, critica la orden de mayo 2025 que endureció criterios y limitó plazas a institutos como Besaya (Torrelavega), Albericia/Las Llamas (Santander) y Valentín Turienzo (Colindres), dejando fuera a 18 de 21 aspirantes en 2025-2026. Ahora se reequilibra el baremo, priorizando proyección futura sobre resultados precoces, incorporando aval de federaciones (balonmano, natación, surf, salvamento) y asegurando fondos estables para personal, instalaciones y convalidaciones de Educación Física.
López Estrada ha insistido en que el éxito deportivo depende de horas de pista, y el PP, vía Cándido Cobo, ha votado sí para reducir exclusiones injustas pese a que el comité de seguimiento evalúa la orden actual. Mario Iglesias (PSOE) ha presumido de ESPADE como legado del bipartito, clave en éxitos cántabros, mientras Vox ha abierto puertas a talentos no competitivos aún. El pacto amplía criterios por disciplina, garantiza equidad entre individuales/colectivos y financia tecnificación en horario escolar.
Otro consenso casi rotundo, el rechazo a seis proyectos eólicos (Fuente Pico, Moncubo, Las Mazas, Sierra de Sel, Astillero I/II) más el almacén de baterías BESS Solórzano, vía moción PRC aprobada por PSOE, Vox y no adscrito Cristóbal Palacio. El PP se abstuvo, tachando de «ilegal» instar a informes negativos sin técnicos previos –»sería prevaricar», avisó Alejandro Liz–, pero el texto urge al Gobierno informes desfavorables alineados con la estrategia energética regional para denegar autorizaciones y evacuaciones. Liz criticó concursos eólicos fallidos de PRC-PSOE (anulados judicialmente), pero regionalistas y socialistas rechazaron su enmienda suspensiva hasta el PROT definitivo.
La sesión vespertina también vio caer dos propuestas de Vox, la primera el rechazo a asistentes de gestión clínica para médicos (PP y PSOE lo ven «batiburrillo» innecesario, y el PRC se abstuvo) y las ayudas al 50% para talleres de vehículos eléctricos/híbridos (PSOE ve carencias, PRC pide estrategia global, y el PP remite a Plan Renove). Natividad Pérez defendió estas ante «la agenda climática de Bruselas» que amenaza cohesión territorial y familias cántabras, alertando de que sin incentivos locales, los talleres autónomos –eje de empleo rural– podrían quebrar ante la transición forzada a eléctricos, dejando pueblos sin servicios esenciales y agravando la brecha entre urbe y campo en Cantabria.
En el apartado de control al Gobierno, las interpelaciones han puesto el foco en temas candentes: El PRC ha apretado a Industria por el ERE de Solvay en Torrelavega, exigiendo un plan industrial que salve miles de empleos químicos en el Besaya; Sergio Silva (Educación) ha respondido sobre el Informe Fad Juventud, detallando programas contra adicciones en institutos; y Begoña Gómez (Inclusión) ha abordado natalidad con medidas de conciliación familiar y ayudas a la maternidad en zonas rurales. Otras preguntas han abarcado desde el asfaltado urgente de la carretera Alto Laredo-Seña, pasando por la estabilización de interinos docentes, la limpieza deficiente en Valdecilla –con quejas de pacientes por falta de personal– hasta el futuro de la flota de biomasea verde, donde la oposición reclama más licencias para anzuelo ante el riesgo de colapso pesquero.
