La magistrada titular de la Plaza nº 1 del Servicio de Instrucción del Juzgado de Primera Instancia de Santander asumió el pasado viernes la instrucción del procedimiento conocido como caso Novo Banco, un sumario iniciado en marzo de 2020 que acumula seis años de tramitación, más de cien afectados, decenas de abogados intervinientes y un perjuicio económico que asciende a varios millones de euros. Inmediatamente, ha dictado resoluciones en las que prorroga la fase de instrucción y aprueba la práctica de diversas diligencias solicitadas por las partes, con el objetivo de finalizar esta etapa procesal.
Este procedimiento, que surgió a raíz de la denuncia presentada por el principal investigado, un ex empleado de la sucursal de Novo Banco en Santander, se centra en presuntas irregularidades en la comercialización de productos financieros de alto riesgo, como derivados y fondos, que habrían causado graves perjuicios a cerca de ochenta clientes inicialmente, número que ha crecido hasta superar la centena. El investigado, que permanece en libertad, reconoció los hechos en su declaración judicial pero atribuyó las deficiencias a la falta de controles internos por parte de la entidad bancaria portuguesa, alegando la existencia de incentivos ocultos que facilitaron dichas operaciones. La complejidad del caso, marcada por un volumen ingente de documentación, embargos preventivos y múltiples intervenciones procesales, justifica la necesidad de recursos específicos para su adecuada gestión.
Solicitud reiterada de refuerzo humano
La petición de un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal dedicado de forma exclusiva a esta causa no es una iniciativa nueva. En enero pasado, la magistrada titular de la Plaza nº 3 –quien llevó la instrucción desde sus orígenes hasta que se abstuvo por razones legales– ya había elevado esta demanda ante las autoridades competentes. La Sala de Gobierno del Tribunal de Instancia de Santander emitió informe favorable el 6 de febrero, remitiendo el expediente a la Dirección General de Justicia del Gobierno de Cantabria, organismo encargado de su aprobación definitiva.
La actual instructora, en continuidad con dicha solicitud, la ha reiterado formalmente a la directora del Servicio de Tramitación del propio Juzgado de Santander. Paralelamente, y reconociendo el elevado volumen de trabajo que supone asumir este sumario, los magistrados de la Sección de Instrucción acordaron la semana anterior eximirla de una parte significativa del reparto ordinario de procedimientos, medida destinada a permitirle concentrarse en la resolución de este caso de especial enjundia.
Principales diligencias acordadas para esclarecer los hechos
Entre las resoluciones adoptadas por la Plaza nº 1 destacan la prórroga de la instrucción y la admisión de pruebas clave para dilucidar las responsabilidades controvertidas. En primer lugar, se ha dispuesto tomar declaración en calidad de testigos al director de Gestión de Riesgos de Novo Banco, dada la centralidad de la responsabilidad de la entidad en el núcleo de la causa, y al funcionario de Vigilancia Aduanera que elaboró el informe de 2021, cuya relevancia ha sido puesta de manifiesto por las partes.
Asimismo, ante la «evidente divergencia» entre las conclusiones del informe elaborado por Vigilancia Aduanera y el presentado por Novo Banco respecto a las prácticas de inversión en productos derivados llevadas a cabo por el investigado, la magistrada ha requerido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la emisión de un informe pericial que aclare esta discrepancia técnica. De igual modo, se ha solicitado a Abanca que detalle la naturaleza del contrato suscrito con Novo Banco, a fin de determinar si pudiera tener incidencia en la eventual responsabilidad civil derivada del procedimiento.
Finalmente, con el propósito de facilitar la labor instructora y avanzar hacia la conclusión de la fase, se ha instado a los perjudicados a precisar las cantidades exactas que reclaman en concepto de indemnización civil, y a Novo Banco a identificar los informes periciales que ha aportado para cuestionar dichas cuantías en el caso de determinados afectados. Estas diligencias se suman a un historial procesal extenso que incluye análisis patrimoniales del investigado, requerimientos de información sobre operaciones sospechosas al banco y decisiones previas como la imposición de fianzas o la nulidad de contratos declarada por instancias superiores, todo lo cual subraya la necesidad de culminar pronto esta instrucción para proceder a la fase de enjuiciamiento o archivo.
