El PP de Cantabria ha elevado su voz al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para que desista de convertir el Palacio de La Magdalena en Santander en Lugar de Memoria Democrática, tal como impulsa el PSOE. Los populares argumentan que esta catalogación, que reconocería su paso como primer campo de concentración franquista entre 1937 y 1940 –inspirado en Dachau con asesoría nazi desde el Hotel Real–, solo serviría para «dividir, enfrentar y reabrir heridas» en una comunidad autónoma que necesita concordia. Esta posición encaja con la derogación reciente de la Ley de Memoria Histórica autonómica, impulsada por el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga con apoyo de Vox, que eliminó medidas de reparación para víctimas de la represión, la Guerra Civil y la dictadura.
Íñigo Fernández, diputado regional y senador autonómico del PP, ha tildado la propuesta de «descabellada» y «insulto a la memoria cántabra», insistiendo en que el Palacio no debe definirse solo por su rol en la contienda, cuando fue cárcel para cerca de 2.000 presos políticos –vascos, catalanes, cántabros y algún extranjero como Magdalena de Cos– hacinados en caballerizas alambradas, expuestos a tifus, tuberculosis, hambre y baños forzados en el mar Cantábrico helado, mientras la élite falangista jugaba al tenis a metros de distancia. Fernández acusa al PSOE de usar el dolor ajeno para «tapar corrupciones de Pedro Sánchez y su entorno», y equipara el olvido del muelle del barco-prisión Alfonso Pérez con un trato selectivo que humilla a unas víctimas frente a otras, priorizando la convivencia sobre el ensalzamiento partidista.
En respuesta, la portavoz de la ejecutiva autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, ha denunciado la «falta de humanidad, indecencia y sectarismo» del PP hacia las víctimas, defendiendo que declarar La Magdalena Lugar de Memoria es un deber ético para dignificar el sufrimiento, reparar familias y garantizar justicia universal, recordando su legado dual: residencia veraniega de Alfonso XIII desde 1913, cuna de la Universidad de Verano republicana con Pedro Salinas en 1933, escenario de La Barraca de Lorca y sede de la UIMP por 90 años, pero también sitio de represión modelo para los 300 campos franquistas en España. «La memoria no va contra nadie, solo evita repeticiones; el PP, 50 años después de la democracia, sigue con asignatura pendiente, ciego al dolor de miles en fosas sin abrir», ha espetado Quiñones, señalando que los populares son los verdaderos divisores al rechazar referencias históricas que vacunan contra el horror.
Quiñones ha cargado contra Fernández como ejemplo de políticos que «sobreviven del odio, la división y el insulto como forma de vida», incapaz de respetar derechos humanos y reparaciones pendientes en Cantabria. La polémica, con debate previsto el lunes 1 de diciembre en el Parlamento autonómico, revive tensiones en un enclave turístico clave –hoy con placa a Lorca en las caballerizas–, donde el BOE ya abrió alegaciones para su declaración pese a críticas de la alcaldesa Gema Igual por su carga divisoria. Ambos bandos insisten en su visión: el PP en la concordia sin revanchas, los socialistas en la verdad histórica para cerrar heridas sin olvido selectivo.
