El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno este jueves a que el Servicio Jurídico autonómico meta dos nuevos recursos contencioso-administrativos contra resoluciones de la delegada del Gobierno en Ceuta, que imponen sin consultar el traslado y acogida en Cantabria de dos menores extranjeros no acompañados. Esta medida, según el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga, «blindea el compromiso con las competencias exclusivas de la comunidad en materia de menores y el respeto al marco legal español», en un pulso que ya deja seis demandas similares: cuatro previas contra dos de Ceuta (1 y 2 de octubre) y dos de Canarias (13 y 21 de octubre), más alegaciones a otros siete expedientes pendientes de resolución, sin contar casos archivados por mayoría de edad o llegadas directas como la de octubre.
La estrategia judicial se remonta al rechazo frontal al Real Decreto que reparte 156 menores desde Canarias, Ceuta y Melilla a Cantabria –un cupo que el Gobierno ve como «invasión competencial» del Estado–, recurrido ante el Supremo y el Constitucional por posibles vulneraciones de artículos constitucionales como el 86.1, 103, 137, 138, 143 y 156, cruzados con 149.1.2 y 148.1.20, más fallos en tramitación que podrían anularlo de raíz. Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad argumenta saturación: la red cántabra ya tutela 412 chicos migrantes, el doble de lo previsto en el Acuerdo de Cohesión Territorial de 2022, con centros al límite pese a flexibilizar normas para emergencias –hasta más de 24 plazas por residencia provisional–. «No rechazamos ayudar, pero sin imponer cuotas que colapsen nuestro sistema especializado», han defendido desde el ICASS, que alegó falta de planificación en los nueve primeros expedientes notificados en septiembre (seis de Canarias, dos de Ceuta, uno de Melilla).
Estos recursos, dirigidos a los Juzgados de lo Contencioso de Ceuta en plazo de dos meses, impugnan indirectamente las normas base como el Real Decreto-ley 2/2025 de contingencias migratorias, al que varias autonomías –incluida Cantabria– han plantado batalla por extralimitación. Begoña Gómez del Río, consejera promotora, ha insistido en que el Estado actúa con «descoordinación y opacidad», enviando plazos de cinco días sin prever llegadas masivas que fuerzan residencias provisionales sin bajar calidad. La decisión llega tras dos semanas de parálisis en traslados previos, demostrando según el Gobierno central descontrol, mientras Buruaga prioriza derechos de menores ya en tutela –con formación dual en riesgo por cronogramas judiciales– sobre derivaciones obligatorias que tensionan presupuestos y personal en una comunidad con 150 fosas pendientes y servicios sociales en vilo.
El pulso jurídico podría marcar precedente: si el TSJ suspende traslados, frena el reloj de Madrid para vaciar saturaciones en Canarias; si rechaza, refuerza cuotas centralizadas en picos migratorios. Cantabria, que modificó en agosto su orden de centros para emergencias, acoge sin dejar «tirados» a llegados pero recurre para negociar cupos realistas, alineada con regiones norteñas contra un reparto que ignora capacidades locales. Fuentes jurídicas ven viable la admisión, potencialmente un test para RD 658/2025 y el nuevo marco, mientras el Gobierno subraya que tutela efectiva pasa por competencias respetadas, no imposiciones que dilaten permisos laborales para mayores de edad o formación alternancia dual.
