El Gobierno de Cantabria, liderado por María José Sáenz de Buruaga (PP), afronta un escenario político complejo en su tercer año de mandato, marcado por la presentación de enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos para 2026. Estas enmiendas han sido registradas por los tres principales grupos de la oposición: el PRC, el PSOE y Vox, quienes coinciden en rechazar el documento económico presentado por el Ejecutivo en minoría.
Las enmiendas se someterán a debate en el Pleno del Parlamento autonómico el próximo lunes 24 de noviembre a las 10.00 horas. De prosperar alguna de ellas, el Presupuesto será devuelto al Gobierno, lo que podría conllevar la necesidad de elaborar unas nuevas cuentas, prorrogar las vigentes de 2025 o incluso convocar elecciones anticipadas, circunstancia que abriría un periodo de incertidumbre sanitaria, social y económica para la comunidad autónoma.
El PRC ha justificado su oposición alegando que el PP ha incumplido los seis condicionantes previamente exigidos para negociar con garantías, y considera que las cuentas son irreales y alejadas de las necesidades reales de los cántabros. Paula Fernández, diputada y candidata regionalista a la Presidencia, ha subrayado que, pese a la ruptura, su grupo mantuvo una actitud responsable y abierta al diálogo, lamentando la cerrazón del Gobierno y criticando la falta de gestión que atribuye al Ejecutivo en ámbitos como la sanidad, la educación, el empleo y la vivienda. Para el PRC, el presupuesto olvida el Estado de bienestar y los retos diarios de la ciudadanía, y supone una gestión débil y paralizada que compromete la estabilidad de Cantabria.
El PSOE, por su parte, denunció que las cuentas esconden un deseo de privatización y deterioro de los servicios públicos, destacando que presentan una política fiscal injusta y fondos insuficientes para los ayuntamientos. Mario Iglesias, portavoz parlamentario socialista, reclamó que la enmienda no busca bloquear el proceso, sino fomentar un diálogo que conduzca a reformular unas cuentas que reflejen las verdaderas necesidades del territorio, especialmente en la transformación del modelo productivo, la vivienda juvenil y otros desafíos clave. Asimismo, subrayó que las partidas presupuestarias del PP han sido infladas artificialmente para generar expectativas incumplidas, señalando además una dependencia excesiva de transferencias externas, tanto estatales como europeas.
Por su parte, Vox ha mantenido su postura crítica desde semanas atrás y ha presentado su enmienda a la totalidad, acusando al Gobierno de incumplir las propuestas y de mostrar total opacidad y falta de interlocución con la oposición. La formación de derecha exige reducciones fiscales drásticas y recortes en partidas consideradas ideológicas, mientras niega la voluntad de negociación del Ejecutivo popular. Leticia Díaz, su portavoz, ha censurado la falta de respeto del Gobierno hacia el Parlamento y los ciudadanos, y ha insistido en la necesidad de gestionar responsablemente las cuentas públicas.
Desde el PP, en cambio, Juan José Alonso ha manifestado su pesar por la unidad de la oposición contra el presupuesto, calificándola de tacticismo político y estrategia electoral. Alonso defendió que el Gobierno ha cumplido con presentar unos presupuestos necesarios para avanzar en la agenda transformadora de Cantabria y recriminó la falta de voluntad del PRC, PSOE y Vox para llegar a acuerdos. El portavoz popular insistió en que el rechazo del proyecto presupuestario no refleja la voluntad de los colectivos sociales, el sector primario ni los principales sindicatos ni patronales de la comunidad.
Este pulso político ha generado un ambiente de incertidumbre sobre el futuro financiero y político de Cantabria para 2026. La posibilidad de una prórroga presupuestaria, la elaboración de nuevas cuentas o la convocatoria anticipada de elecciones ponen en juego la capacidad de gestión del Ejecutivo en un contexto en el que las demandas sociales y económicas son cada vez más apremiantes. En este sentido, el debate parlamentario del próximo lunes será un momento clave para definir el rumbo de la comunidad autónoma durante los próximos meses y para medir la habilidad negociadora de un Gobierno en minoría que deberá demostrar si está dispuesto a ceder para alcanzar acuerdos que eviten el bloqueo institucional y político.
