La Fiscalía de Cantabria ha dado un paso clave en el caso de las irregularidades detectadas en la gestión económica del Ayuntamiento de Liendo al presentar denuncia contra el actual alcalde, Juan Alberto Rozas (PP), y su predecesor, Javier Villanueva (PRC). El periodo investigado abarca desde julio de 2022 hasta noviembre de 2024, y los hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, según las primeras valoraciones del Ministerio Fiscal.
La denuncia se produce tras la alerta lanzada por el PSOE local, que el pasado 13 de junio presentó una querella ante la Fiscalía tras conocer los resultados de un informe del secretario-interventor municipal. En ese documento se detallan múltiples irregularidades en el control, seguimiento y contabilización de gastos, así como en la gestión de contrataciones y la tramitación de subvenciones. El informe señala, además, que estas anomalías podrían haber afectado a la integridad presupuestaria y de tesorería del Ayuntamiento, lo que podría derivar en menoscabos económicos para la corporación.
Entre los hechos más llamativos que recoge el informe figuran gastos realizados con una tarjeta de débito municipal por importes superiores a 600 euros, así como el adelanto de compromisos de pago basados en subvenciones cuya documentación no se ha podido justificar posteriormente. El PSOE, que fue quien impulsó la denuncia, advirtió que las irregularidades no solo afectan a la gestión administrativa, sino que podrían tener consecuencias directas sobre el patrimonio municipal y la confianza ciudadana en las instituciones.
La investigación ha ampliado su alcance a la exinterventora municipal y a otra trabajadora del consistorio, ambos imputados por su posible responsabilidad en la falta de control y fiscalización de los gastos. La Fiscalía considera que la exinterventora no actuó adecuadamente ante pagos sin expedientes justificativos y ante la existencia de duplicidades en facturas, lo que podría haber facilitado la comisión de los presuntos delitos.
El caso ha generado un fuerte impacto político en Liendo y en la comunidad autónoma. El PRC y el PP, partidos a los que pertenecen los dos exalcaldes denunciados, han optado por esperar a que la Justicia determine la responsabilidad de cada uno. La diputada del PRC y candidata a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, ha señalado que la postura de su formación es la “máxima colaboración” con la Justicia y la voluntad de que el proceso se investigue hasta el final. Por su parte, el portavoz parlamentario del PP y coordinador general del partido, Juan José Alonso, ha afirmado que el PP “respeta los procedimientos y los tiempos judiciales” y que, una vez que se determine lo sucedido, el partido “tomará las decisiones oportunas”.
El Ayuntamiento de Liendo, gobernado hasta junio por un bipartito PP-PRC que se rompió tras la crisis generada por estas irregularidades, se encuentra ahora en una situación de máxima tensión. El informe del secretario-interventor, que fue el detonante de la denuncia, describe un entorno contable “completamente desordenado”, con duplicidades de facturas, datos erróneos en las previsiones de ingresos y una falta de control presupuestario que ha generado preocupación entre los vecinos y los partidos de la oposición.
El PSOE, que fue quien impulsó la denuncia, ha insistido en la necesidad de que se investigue hasta el final y que se depuren responsabilidades. Los socialistas han advertido que, si se confirman los hechos, podrían haberse producido menoscabos económicos que afecten directamente al patrimonio municipal y a la confianza ciudadana en las instituciones. La Fiscalía, por su parte, ha asegurado que seguirá investigando para determinar la responsabilidad de cada uno de los imputados y que, en su caso, pedirá las penas correspondientes si se confirman los delitos.
El caso de Liendo se suma a una serie de investigaciones abiertas en otros municipios de Cantabria por presuntas irregularidades contables, lo que ha generado un debate sobre la necesidad de reforzar los controles y la transparencia en la gestión pública. La Fiscalía ha asegurado que seguirá investigando para determinar la responsabilidad de cada uno de los imputados y que, en su caso, pedirá las penas correspondientes si se confirman los delitos.
