La consejera de Pesca del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos, junto con representantes de todo el sector pesquero, ha firmado este lunes una Declaración Institucional conjunta en la que expresan su rechazo unánime a la propuesta de la Comisión Europea sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) para la Política Pesquera Común (PPC) del periodo 2028-2034, la cual contempla un recorte “inasumible” del 67% en el presupuesto destinado a esta área estratégica.
En un encuentro desarrollado en la sede de la Consejería, al que acudieron organizaciones profesionales, cofradías de pescadores y asociaciones del sector artesanal, la Comunidad Autónoma reafirmó su posición contraria a un plan que no solo reduce drásticamente los fondos, sino que además elimina el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA). La declaración rechaza frontalmente la propuesta y reclama un presupuesto independiente que refleje la importancia estratégica del sector, instando a la plena participación de Cantabria en la definición de la nueva PPC y a la instauración de una gobernanza que garantice la capacidad decisoria de las Comunidades Autónomas.
Los asistentes denunciaron que la apertura a la financiación nacional, como plantea Bruselas, dejaría a los pescadores en función de la fortaleza económica de cada país, rompiendo así con la base solidaria que debe tener la Política Pesquera Común. La consejera Susinos calificó la propuesta como regresiva e injusta para las comunidades costeras, señalando que la pesca en Cantabria no es solo un motor económico, sino que forma parte vital de la identidad cultural y social. También destacó la importancia del FEMPA como instrumento que ha permitido diseñar políticas propias y alertó del riesgo que supone sustituirlo por un sistema disperso y desigual de fondos nacionales que pone en peligro la sostenibilidad del sector y quebranta los principios europeos de equidad y cohesión.
Finalmente, la consejera reafirmó el compromiso del Ejecutivo regional para continuar colaborando estrechamente con el sector pesquero y con otras comunidades para defender una política pesquera adaptada a la realidad de los profesionales del mar, más justa y con recursos acordes a sus necesidades. Este posicionamiento muestra la determinación de Cantabria por preservar un sector vital, enfrentándose a lo que consideran un retroceso que podría afectar no solo a la actividad económica, sino al modo de vida y patrimonio cultural ligado a la pesca en la comunidad.
