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Santander aprueba la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones con la oposición en bloque y críticas de la Fiscalía

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Santander aprueba la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones con la oposición en bloque y críticas de la Fiscalía

El proyecto, impulsado por el PP, afectará solo al 0,6% de la ciudad y ha sido calificado por la oposición como “insuficiente y vacío de contenido”. La alcaldesa defiende que se aprueba por obligación legal y para no perder fondos.

by El Mirador
08/10/25 08:32
in Política
Izquierda Unida rechaza el proyecto de Zona de Bajas Emisiones en Santander por “insuficiente e injusto”
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El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado este martes, de forma inicial, la ordenanza que pondrá en marcha la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida exigida por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que restringirá el tráfico en unos 200.000 metros cuadrados del centro de la capital, lo que representa apenas el 0,6% de su superficie. La iniciativa salió adelante con los votos del Partido Popular, el rechazo de Vox, PRC e IU y la abstención del PSOE. Con la aprobación, el Consistorio podrá acceder a subvenciones estimadas en unos dos millones de euros procedentes de fondos europeos vinculados a la movilidad sostenible.

La alcaldesa, Gema Igual (PP), defendió la propuesta asegurando que “Santander no es una ciudad contaminada y yo no soy de prohibir”, pero precisó que la ley no deja margen de maniobra. “O delimitamos la ZBE o perdemos las ayudas, y en esta ciudad no se va a renunciar a ni un solo euro”, afirmó. La regidora calificó la medida de “obligación legal” y explicó que su gobierno ha optado por acotar temporalmente el tráfico en el perímetro comprendido entre las calles Lealtad, Puerto Chico, El Sol, Santa Lucía y el Paseo Pereda, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas.

El debate plenario estuvo marcado por las duras críticas de la oposición. El portavoz socialista, Daniel Fernández, calificó la ordenanza de “ZBE mínima y vacía de contenido”, advirtiendo que “ni cumple con los requisitos técnicos ni garantiza una reducción real de emisiones”. Fernández alertó además de que la Fiscalía General del Estado ha solicitado informes a los ayuntamientos sobre el cumplimiento de esta normativa, y advirtió que “lo aprobado por el PP no superaría ese examen”. “No basta con dibujar un cuadrado en un plano y llamarlo Zona de Bajas Emisiones”, sentenció. Los socialistas han pedido un plan integral que refuerce el transporte público, cree carriles bici continuos, impulse la movilidad peatonal y habilite aparcamientos disuasorios y en altura, aprovechando los solares inutilizados del municipio.

En términos similares se expresó el PRC, cuyo portavoz, Felipe Piña, acusó al equipo de gobierno de “cumplir por inercia” sin abordar los retos sociales y ambientales del municipio. También reclamó garantías sobre la protección de datos ante la instalación de cámaras de control y criticó que se rechazara realizar evaluaciones ambientales semestrales. Por su parte, la portavoz de Vox, Laura Velasco, tachó la medida de “estafa pseudoambiental” motivada por una “imposición del Gobierno de Pedro Sánchez”. A su juicio, “Santander no está contaminada” y el Ayuntamiento debería centrar sus esfuerzos en “ayudas directas a la renovación de vehículos y al transporte público”.

Desde Izquierda Unida, el concejal Keruin Martínez recordó que “Santander sí es una ciudad con niveles preocupantes de contaminación y ruido” y lamentó que la ordenanza no contemple medidas específicas en entornos escolares u hospitalarios. “Ni siquiera se plantea un plan real de protección a la infancia”, denunció.

Además de la polémica por la ZBE, el Pleno aprobó la ordenanza fiscal para 2026 con el único apoyo del PP, que contempla un incremento del 2,7% en las tasas de agua y alcantarillado, en base a la actualización del IPC acordada en el contrato con la concesionaria Aqualia. La oposición reclamó una revisión del servicio, al que reprochan “beneficios millonarios” y falta de inversiones. Igual defendió la subida asegurando que “Aqualia no es una ONG” y que el contrato, vigente hasta 2031, mantiene condiciones “justas y equilibradas”.

El portavoz socialista, Daniel Fernández, acusó al equipo de gobierno de “permitir una estafa encubierta”, mientras PRC, Vox e Izquierda Unida coincidieron en que “el servicio se ha privatizado en perjuicio del ciudadano”. No obstante, Igual replicó que el Ayuntamiento “actualiza solo las tasas que vienen recogidas en contrato” y señaló que las tarifas permanecen congeladas desde 2013. “Santander cumple la ley, preserva sus ingresos y garantiza sus servicios, aunque no guste a la oposición”, concluyó la alcaldesa.

Tags: Santanderzbe

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