El Pleno del Parlamento de Cantabria ha dado luz verde este lunes, con los votos de PRC, PSOE y Vox, a una proposición no de ley que plantea que el aparcamiento del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla pase a ser gratuito para pacientes, familiares y trabajadores. La iniciativa, presentada por Vox, salió adelante frente al rechazo del Partido Popular y del diputado no adscrito Cristóbal Palacio.
La medida insta al Gobierno autonómico a abrir en un plazo máximo de un mes la negociación con la concesionaria del aparcamiento y, en paralelo, a contratar una auditoría independiente que certifique los datos de explotación. El objetivo es poner fin a la concesión y recuperar la gestión directa del servicio antes del 1 de enero de 2026.
La diputada de Vox, Natividad Pérez, defendió que “nadie debería pagar por estar enfermo”, al considerar el precio actual del estacionamiento una “penalización injusta” para quienes acuden al hospital. Según expuso, el uso del aparcamiento debe quedar reservado a pacientes, acompañantes y profesionales del centro sanitario.
La propuesta sorprendió tanto a socialistas como a regionalistas, quienes reconocieron lo inusual de que Vox plantease revertir un contrato de colaboración público-privada. El portavoz del PSOE, Raúl Pesquera, habló de “el mundo al revés” por el giro del partido ultra, que hasta ahora ha apoyado externalizaciones como la del transporte sanitario. No obstante, respaldó la iniciativa, defendiendo que “hay que revertir” no solo esta concesión sino también otras vinculadas a Valdecilla, como los servicios no sanitarios gestionados por Ferrovial.
En nombre del PRC, Paula Fernández compartió el argumento, calificando los precios del aparcamiento como “desorbitados” y señalando que la empresa concesionaria responde únicamente a intereses de beneficios económicos. A su juicio, la recuperación de la gestión es beneficiosa no solo para pacientes y familiares, sino también para los trabajadores del hospital.
Desde el Grupo Popular, Miguel Ángel Vargas descartó la viabilidad de la propuesta en los plazos fijados. Tachó la iniciativa de “demagógica” y subrayó que modificar el contrato requiere de múltiples informes y procedimientos que hacen inviable la reversión de la concesión en apenas dos meses. Vargas defendió que la prioridad del Gobierno autonómico pasa por “mejorar la calidad asistencial y las infraestructuras, no por propuestas de escaparate”.
