La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha elevado la voz de alarma frente a la propuesta de la Comisión Europea de crear un «fondo único» que fusionaría las políticas agraria y pesquera con las de cohesión para el período 2028-2032. Durante su intervención en la conferencia inaugural de las jornadas organizadas en la UIMP, Buruaga cifró en 72 millones de euros las potenciales pérdidas para el sector primario regional y advirtió de que esta medida supondría el fin de la Política Agraria Común (PAC) como «política independiente».
La jefa del Ejecutivo autonómico, que compartió mesa con los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda; Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, criticó que Bruselas plantee «planes de carácter eminentemente nacional sin garantías de participación efectiva de los territorios». Defendió con firmeza la necesidad de mantener un «bloque específico y visible» en el presupuesto comunitario para los fondos de cohesión, alertando de que «Europa perderá una de las bases de su legitimidad democrática» si diluye este instrumento.
Buruaga insistió en que la cohesión debe reformularse para afrontar retos como la transición energética o la vivienda asequible, pero «sin romper equilibrios» ni sacrificar unas políticas por otras. En este sentido, reivindicó una vez más la inclusión de Cantabria en el corredor ferroviario que conecta con Europa: «Estar fuera supone una desventaja competitiva clarísima. Necesitamos alta velocidad con Bilbao para poner a nuestras empresas y al Puerto de Santander en igualdad de condiciones».
La presidenta también aprovechó para exigir «mayor transparencia» sobre el destino y la ejecución de los fondos plurirregionales gestionados por el Gobierno de España, y destacó el papel del Comité de las Regiones —que en 2027 presidirá Moreno Bonilla— como la «asamblea que da visibilidad a la Europa real».
Como ejemplos de adaptación a las nuevas prioridades europeas, Buruaga citó los avances en proyectos estratégicos como la ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo, el almacenamiento de hidrógeno verde en Polanco y el plan de vivienda protegida «más ambicioso de la historia de Cantabria».
