CCOO ha vuelto a lanzar la voz de alarma sobre el crítico estado de la Unidad de Medios Aéreos (UMA) de la DGT, cuyos helicópteros podrían dejar de operar en Cantabria y el resto de España a partir de septiembre. Fernando García Castro, secretario general de la FSC-CCOO en el Ministerio del Interior, advierte del «desmantelamiento encubierto» de un servicio esencial para la seguridad vial en las carreteras cántabras.
La unidad arrastra problemas estructurales que ahora alcanzan su punto crítico: contratos de mantenimiento caducados, patrullas con hasta un 50% de plazas vacantes entre pilotos y mecánicos, y una estrategia ministerial que prioriza la externalización. «Desde 2023 venimos exigiendo soluciones con garantías públicas, pero el Ministerio ha ignorado las alertas», señala García Castro.
El sindicato critica especialmente que no se hayan convocado las Ofertas de Empleo Público necesarias para paliar el déficit de efectivos, a pesar de existir un marco legal que obliga a destinar el importe de las sanciones de tráfico a seguridad vial. El Real Decreto 6/2015 establece claramente que estas multas deben financiar precisamente servicios como la UMA.
«En lugar de reforzar el servicio público, el Ministerio ha optado por sacar a concurso un contrato de 40 millones para una empresa privada durante los próximos cuatro años», denuncia el representante sindical. Esta estrategia afectaría también a los Centros de Gestión de Tráfico, donde empresas externas ya gestionan contratos de más de 30 millones bianuales.
La alerta es especialmente grave para Cantabria, comunidad con carreteras de orografía complicada donde la vigilancia aérea resulta crucial para la rápida intervención en accidentes. Los helicópteros de la UMA operan desde siete bases estratégicas que cubren todo el territorio nacional, including las conexiones con la comunidad cántabra.
CCOO exige al Ministerio que utilice los recursos de las sanciones para reforzar estos servicios esenciales en lugar de externalizarlos: «La seguridad vial no es un negocio, es un derecho ciudadano que debe garantizarse desde lo público».
