El Ejecutivo cántabro ha reafirmado su compromiso con la protección de los menores migrantes no acompañados y ha advertido que no permitirá que sean tratados como “moneda de cambio” entre intereses políticos. Así lo ha expresado este miércoles la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, quien ha censurado duramente el enfoque del Gobierno central en materia migratoria y ha reclamado una respuesta “responsable, legal y respetuosa con las competencias autonómicas”.
A pocas horas de que se celebre la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada con carácter urgente, Gómez del Río ha criticado que el reparto de menores que se pretende aprobar responde a una imposición carente de diálogo y basada en “criterios arbitrarios”, que ni han sido consensuados ni garantizan un trato igualitario entre las comunidades. Según ha advertido, se trata de un intento de excluir del reparto a socios parlamentarios del Ejecutivo como Cataluña o el País Vasco, en perjuicio del resto de regiones.
“Cantabria no se opone a la acogida, pero sí a la falta de planificación y a la ausencia de garantías que ponen en riesgo la calidad del sistema”, ha señalado la consejera, quien también ha insistido en que la Comunidad no dispone de recursos ilimitados. En ese sentido, ha alertado de que el sistema de protección de menores ya funciona al límite y que una llegada adicional, sin respaldo económico y sin asegurar condiciones dignas, puede abocarlo al colapso.
Desde la Consejería se ha defendido que cualquier actuación en este ámbito debe contar con financiación estatal suficiente y que en situaciones extraordinarias —como las vividas en Canarias o Ceuta— debe ser el Gobierno de España quien asuma directamente la atención a los menores. Así, se ha recordado el acuerdo firmado en septiembre de 2024 y ratificado posteriormente en la Declaración de Asturias, donde ya se recogía esta fórmula como vía de respuesta ante emergencias.
Gómez del Río también ha calificado de “fraude de ley” el uso del Real Decreto-ley 2/2025 para ordenar este reparto, ya que, a su juicio, vulnera las competencias autonómicas en materia de protección de menores. Además, ha advertido del riesgo que supone trasladar a jóvenes sin haber verificado previamente su edad, lo que, ha señalado, “desvirtúa el sistema y pone en tela de juicio la tutela efectiva”.
Por último, la consejera ha recordado que el Ejecutivo central sigue sin atender a más de un millar de menores solicitantes de asilo, a pesar de la obligación marcada por el Tribunal Supremo. “Ni cumplen con lo que les corresponde ni ofrecen soluciones serias. Solo trasladan el problema y desatienden a quienes más protección necesitan”, ha sentenciado.
Cantabria exige así una política migratoria coherente, respetuosa con la legalidad y centrada en el interés del menor. “No se puede seguir actuando a golpe de improvisación ni usando a los niños como escudo político”, ha zanjado Gómez del Río.
