Un total de 3.393 alojamientos de corta duración en Cantabria han solicitado desde principios de año su Número de Registro del Alquiler, obligatorio desde este martes, 1 de julio, para poder anunciarse en plataformas como Airbnb o Booking.
Del total de solicitudes, el 92% (3.132) corresponde a alquileres turísticos y el 8% restante (261) a alquileres de temporada. Actualmente, 1.834 registros están activos de forma definitiva, mientras que 1.279 siguen en trámite y 280 han sido revocados, según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Este registro forma parte de la nueva normativa europea que España ha sido la primera en aplicar, y que busca garantizar la legalidad y transparencia del mercado de alojamientos temporales. El proceso no tiene un plazo de cierre: los propietarios pueden seguir solicitando el número tras la entrada en vigor de la norma.
La decana de los registradores en Cantabria, Ana Julia Marlasca, ha insistido en que la intención es “aumentar la confianza y la seguridad jurídica en el mercado”. Asegura que el código proporciona “mayor valor económico” a los alojamientos al ofrecer una garantía al consumidor.
Desde el sector, sin embargo, surgen críticas. El presidente de la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria, Jaime Paino, denuncia duplicidad administrativa: “Ya tenemos una licencia del Gobierno de Cantabria, y ahora se nos obliga a un segundo registro”. Califica el proceso de “engorroso” y acusa de falta de información oficial a los propietarios, muchos de los cuales solo se han enterado por mensajes de plataformas como Airbnb o medios de comunicación.
En todo el país, el registro ha recibido ya más de 215.000 solicitudes, de las cuales más de 134.000 se han realizado solo en el último mes. El 78,8% son de uso turístico. A partir de hoy, los alojamientos sin este número no podrán publicitarse legalmente, aunque las inscripciones siguen abiertas.
