El Ejecutivo de Cantabria ha expresado su desacuerdo con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, que implica la pérdida de una plaza de juez en la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander. Esta plaza será transformada en una nueva posición para la sección de Violencia sobre la Mujer, sin incrementar el total de jueces disponibles.
Isabel Urrutia, consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, ha criticado duramente esta medida, señalando que no se han considerado las alegaciones presentadas por su departamento. El Gobierno regional había solicitado mantener las cinco plazas actuales de la sección de Instrucción y, además, aumentar a dos las plazas dedicadas a Violencia contra la Mujer.
“No se puede ignorar la petición unánime del Consejo General del Poder Judicial, que apoyaba la creación y conservación de las plazas de instrucción basándose en datos más recientes y precisos que los utilizados por el Ministerio de Justicia”, afirmó Urrutia, lamentando que el ministro Bolaños “haya desoído las necesidades de la justicia en Cantabria”.
La consejera advirtió que esta reducción agravará la carga de trabajo en la sección de Instrucción, dificultando la prestación eficiente del servicio público y generando retrasos en la tramitación de procedimientos penales en Santander. Subrayó que ello afectará negativamente a la protección de los derechos de los ciudadanos y a la atención temprana a las víctimas, que son funciones clave de los jueces de Instrucción.
Además, Urrutia señaló que pasar de cinco a cuatro jueces incrementará la frecuencia en las guardias, perjudicando la conciliación laboral y reduciendo la capacidad de respuesta ante urgencias, lo que impactará en la eficacia del trabajo judicial.
Por otra parte, la consejera reprochó a la Delegación del Gobierno en Cantabria por haber difundido ayer una información parcial, que destacaba la creación de una nueva plaza sin mencionar que esta proviene de la transformación de una existente, manteniendo el mismo número total de puestos. “En lugar de defender los intereses de Cantabria, la Delegada se ha plegado a los del Ministerio, generando confusión incluso entre profesionales de la justicia”, señaló.
Finalmente, Urrutia recordó que la propuesta del Gobierno regional, ahora rechazada, contaba con el respaldo unánime de todos los miembros del Pacto para la Justicia en Cantabria, integrado por el Ejecutivo, el Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía Superior, sindicatos y colegios profesionales del ámbito jurídico y psicológico.
