El Parlamento de Cantabria ha celebrado un pleno marcado por la reivindicación conjunta del PP y el PRC para exigir al Gobierno central un calendario concreto y con respaldo presupuestario que garantice la llegada del tren de alta velocidad a la región. Ambas formaciones sacaron adelante sendas propuestas con las que instan al Estado a detallar la ejecución de la línea entre Palencia y Santander, incluyendo estaciones en Reinosa y Torrelavega. El PSOE se abstuvo en ambas iniciativas, mientras que Vox votó en contra de la del PRC y se abstuvo en la del PP.
La petición llega en plena incertidumbre tras la sentencia que ordena demoler parte de las obras del AVE en Palencia, lo que ha generado inquietud sobre posibles retrasos en los plazos. El PRC lamentó el «déficit histórico» de la comunidad en materia de infraestructuras ferroviarias, mientras que el PP cargó contra lo que considera una escasa inversión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Por su parte, los socialistas defendieron que el proyecto avanza y está más cerca que nunca de materializarse, frente a los “años de parálisis” anteriores.
Plan para autónomos y relevo generacional
Otro de los puntos centrales del debate fue la aprobación, por unanimidad, de una moción impulsada por Vox para poner en marcha, antes de que acabe el año, un plan integral de relevo generacional para autónomos. La iniciativa contempla incentivos fiscales, ayudas directas y servicios de asesoramiento para facilitar la transmisión de negocios entre quienes se acercan a la jubilación y nuevos emprendedores. También se plantea ajustar la Formación Profesional Dual a las necesidades reales del tejido autónomo.
Durante la sesión, la diputada de Vox Natividad Pérez advirtió que más de 7.000 autónomos cántabros se jubilarán en los próximos dos años, y criticó la “pasividad” del Ejecutivo regional. Desde el PP, se defendió el actual Plan de Autónomos como un “documento vivo” en proceso de mejora. El PSOE, por su parte, alertó de que Cantabria figura entre las comunidades que más autónomos pierden y apuntó al envejecimiento del sector como un problema estructural.
Voluntariado, sanidad y Hospital de Laredo
En clave legislativa, el Parlamento rechazó la enmienda a la totalidad del PSOE al proyecto de Ley del Voluntariado, permitiendo así que el texto continúe su tramitación. Los socialistas argumentaron que la norma nace con “falta de participación” y sin una “visión transformadora”, mientras que el Gobierno regional acusó al PSOE de querer tumbar el proyecto sin ofrecer una alternativa viable tras ocho años sin actuar en esta materia.
También se debatió una propuesta del PRC sobre el Hospital de Laredo, que fue aprobada con los votos de PRC, PSOE, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio, pese al rechazo del PP. La moción reclama que el plan de futuro para el centro sanitario se elabore de la mano de los profesionales y se apliquen medidas para atraer talento médico. Desde la oposición se acusó al Gobierno de “imposición de decisiones unilaterales” y “abandono”. El PP replicó que trabaja en un plan director y denunció el oportunismo político del PRC.
Transporte sanitario y otras propuestas
Por otro lado, la Cámara desestimó una iniciativa del PSOE que pedía un estudio económico para valorar la internalización del servicio de transporte sanitario. PP y Vox votaron en contra, mientras que el PRC dio su apoyo. El Pleno también abordó cuestiones como la cobertura sanitaria en competiciones escolares, la planificación de La Pasiega o la reactivación industrial del Besaya.
Además, se aprobó otra moción de Vox en la que se solicita al Gobierno central reforzar los efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional en Cantabria, reabrir cuarteles cerrados y elaborar un plan de seguridad para zonas rurales. PSOE votó en contra, mientras que el resto de grupos apoyaron la medida, aunque con matices.
Finalmente, quedó rechazada otra propuesta del PSOE para extender el complemento de atención continuada a todo el personal del Servicio Cántabro de Salud en situación de baja laboral. PP y el diputado no adscrito la tumbaron por considerar que la medida debe acordarse en la mesa de negociación. Regionalistas y socialistas anunciaron que seguirán presionando para eliminar lo que consideran una “discriminación”.
