Diez ayuntamientos de Cantabria considerados en riesgo de despoblamiento contarán con ayudas del Ejecutivo regional para adquirir vehículos destinados a usos municipales, en el marco de una iniciativa impulsada por la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa.
Según recoge la resolución publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), esta segunda convocatoria ha asignado un total de 380.000 euros a los consistorios de Peñarrubia, Santiurde de Reinosa, Valle de Villaverde, Hermandad de Campoo de Suso, Campoo de Yuso, Cabuérniga, Escalante, Rionansa, Vega de Pas y San Roque de Riomiera. La mayoría de ellos ha recibido la cuantía máxima prevista en las bases, de 40.000 euros.
El objetivo de esta línea de subvenciones es reforzar la operatividad de los servicios municipales en áreas rurales con dificultades de transporte, menor dotación presupuestaria y problemas estructurales para el acceso a servicios básicos.
Para adjudicar las ayudas, la Consejería ha valorado criterios como la compra del primer vehículo municipal, la renovación de automóviles con más de 20 años, el tipo de etiqueta ambiental y la inclusión del municipio en zonas prioritarias por su baja densidad poblacional.
La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha subrayado que esta medida forma parte del compromiso del Gobierno cántabro con los municipios rurales. En 2024, ha recordado, se han destinado 126 millones de euros a más de un centenar de actuaciones en los 41 ayuntamientos con riesgo de despoblamiento.
Urrutia ha destacado también que la cuantía para la adquisición de vehículos ha aumentado casi un 41% respecto al año anterior. A ello se suman otras acciones del Ejecutivo autonómico como el incremento del Fondo de Cooperación Municipal, dotado con 4,2 millones más en los dos últimos años; el nuevo Plan de Inversiones Municipales, con una partida de 27 millones de euros; o las inversiones en sanidad rural y transporte escolar.
“Estas políticas transversales, que implican a todas las consejerías, buscan garantizar el acceso a servicios públicos esenciales y asegurar la igualdad de oportunidades en todo el territorio”, ha concluido la consejera.
