Comisiones Obreras ha levantado la voz contra lo que considera un «ataque encubierto» a las condiciones laborales de los empleados de Correos. Tras la última reunión de negociación sobre el cierre de centros nodales -que afecta a 36 provincias-, el sindicato denuncia que la empresa postal está utilizando este proceso para imponer cambios que perjudican gravemente a los trabajadores.
En Cantabria, donde el centro nodal afectado está en Santander (Ciudad del Transporte), las medidas están generando un «caos organizativo» para las 34 personas adscritas. Ana Belén Ortiz, secretaria provincial de CCOO-Correos, explica a este diario cómo la empresa está incumpliendo sistemáticamente los acuerdos previos: «Lo que presentaron como una reestructuración necesaria se ha convertido en una operación para abaratar costes a costa de los derechos laborales».
Los puntos conflictivos:
- Jornadas parciales no pactadas:
De las 400 plazas ofertadas nacionalmente, el 40% son a tiempo parcial (8 en Cantabria), rompiendo el compromiso de estabilidad laboral. - Requisitos «trampa»:
Se exigen carnés de conducir no previstos inicialmente, dejando en el limbo a al menos dos trabajadores cántabros. - Horarios imposibles:
Turnos intermedios (como de 12:00 a 19:30h) que dificultan la conciliación, con 9 afectados en la región. - Desplazamientos abusivos:
Movilidades forzosas de hasta 144 km (Reinosa) sin compensación adecuada, con casos flagrantes en Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera y Ampuero. - Recortes salariales:
Eliminación de pluses como nocturnidad, afectando a 24 empleados en Cantabria y 200 a nivel nacional.
«Están jugando sucio», denuncia Ortiz. «Cambian las reglas sobre la marcha para forzar salidas voluntarias y ahorrarse despidos». El sindicato asegura que Correos incumple el Estatuto de los Trabajadores, el Convenio Colectivo y el Acuerdo Marco firmado el pasado marzo.
Ante esta situación, CCOO no descarta convocar movilizaciones y acudir a los tribunales. «No vamos a permitir que conviertan un ajuste organizativo en una excusa para la precarización», sentencia la representante sindical, quien exige una negociación «transparente y de buena fe» que respete los derechos básicos de los trabajadores.
