La delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, ha criticado con dureza al Ejecutivo autonómico por su decisión de solicitar la apertura de procedimientos de expatriación para 18 de los 20 menores extranjeros no acompañados bajo tutela de la comunidad. En sus declaraciones, Gómez de Diego ha vinculado esta acción a los «pactos bajo la mesa» entre el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) y VOX, calificando la medida de una “falta de humanidad”.
La delegada ha afirmado que el Gobierno de Cantabria está utilizando a los menores como “moneda de cambio” en sus negociaciones con VOX y le ha reprochado su “doble moral”. “Mientras públicamente se afirman defensores del interés superior del menor, en la práctica remiten 18 oficios para gestionar su expulsión», ha denunciado.
Gómez de Diego también ha recordado que el pasado marzo, el Partido Popular aprobó una iniciativa presentada por VOX en el Parlamento de Cantabria para solicitar la repatriación de los menores no acompañados, un gesto que, según la delegada, evidencia un intercambio político entre ambas formaciones.
Una repatriación encubierta
La delegada ha puesto en duda la legalidad de esta solicitud, señalando que los 18 oficios enviados por el Gobierno regional son prácticamente idénticos, sin un informe individualizado de cada menor ni detalles de su situación personal. En este sentido, la Delegación del Gobierno ha solicitado al Ejecutivo cántabro que remita la documentación necesaria y ha subrayado que los menores tienen el derecho a ser escuchados de manera individual.
“Lo que se está promoviendo desde el Gobierno de Cantabria es, de manera encubierta, una repatriación colectiva, lo cual contraviene la legislación española, el derecho internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, ha señalado Gómez de Diego, quien ha asegurado que si el Ejecutivo autonómico no quisiera que se tramitaran estas expulsiones, no las habría solicitado en primer lugar.
Falta de permisos de residencia
La delegada ha añadido que, al constatar que el Gobierno cántabro no ha tramitado los permisos de residencia de los menores, la Delegación del Gobierno iniciará de oficio el procedimiento para concederlos a seis de ellos.
«En 2020, Cantabria fue un ejemplo de solidaridad al acoger a más de 2.000 personas procedentes de Ucrania. ¿Cuál es el problema con estos 18 menores? ¿Su color de piel?», se ha preguntado Gómez de Diego, lamentando que la presidenta de Cantabria no haya mostrado la misma solidaridad con estos menores.
La delegada también ha criticado que el Ejecutivo autonómico utilice a los menores para confrontar con el Gobierno central, alimentando discursos de exclusión. «Mientras el Gobierno de España trabaja en soluciones estructurales, la coalición de PP y VOX se instala en una oposición destructiva», ha afirmado.
Crisis de solidaridad institucional
Finalmente, Gómez de Diego ha remarcado que en Cantabria no existe una crisis migratoria, sino una “crisis de solidaridad institucional” y ha cuestionado la falta de apoyo del Gobierno cántabro a otras comunidades autónomas, como Canarias y Ceuta, en su gestión de la crisis migratoria.
