La Intervención General del Ayuntamiento de Santander ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los problemas más enquistados del Consistorio: el reconocimiento extrajudicial de facturas sin cobertura legal, más conocidas como “facturas en el cajón”. Un procedimiento que, lejos de ser puntual, se ha convertido en una práctica habitual ante la falta de medios humanos para cumplir los plazos y trámites administrativos.
Según los últimos informes del órgano fiscalizador, el origen de este problema es estructural y radica en la escasez de personal en áreas clave como contratación, patrimonio y compras. “Solo un refuerzo de plantilla puede evitar que se sigan acumulando facturas pendientes de regularizar por la vía ordinaria”, subraya la Intervención, que viene repitiendo este diagnóstico en cada expediente de este tipo que pasa por el Pleno.
Un ejemplo reciente es el pago de 700.000 euros aprobado en marzo para abonar facturas acumuladas del mantenimiento de rampas y escaleras mecánicas, una tarea que sigue desempeñando la empresa TK Elevadores pese a que el contrato expiró hace más de año y medio. De esa cantidad, 500.000 euros corresponden a servicios prestados en 2024 y el resto, al tramo final del año anterior.
Aunque los servicios jurídicos avalan el abono de estas facturas por tratarse de trabajos efectivamente realizados —lo contrario, insisten, implicaría un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento—, la Intervención recuerda que el uso reiterado de este mecanismo pone en evidencia un fallo organizativo.
En sus informes, el órgano de control insiste en que, mientras persista la falta de recursos, el Ayuntamiento deberá establecer prioridades en la contratación pública, reservando los medios disponibles para los contratos más esenciales o vinculados a financiación externa, como los fondos europeos. Las obras o servicios no obligatorios, apunta, deberían quedar en un segundo plano.
Desde hace años, la Intervención viene advirtiendo del “retraso sistemático” en la gestión de los expedientes de contratación, lo que se traduce en un uso creciente del reconocimiento extrajudicial como única vía para evitar la parálisis de servicios ya en marcha. “Es urgente dotar de personal cualificado a las unidades responsables para romper con esta dinámica”, concluyen.
