La Fiscalía de Cantabria ha admitido a trámite una denuncia interpuesta por el Grupo Regionalista de Ruiloba contra el alcalde, Julio Pinna, y los concejales Eugenia Martínez, Iván Cuetos y Ascensión Bielva, por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y desobediencia a resoluciones judiciales.
Los hechos denunciados incluyen la suspensión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal funcionario, a pesar de informes técnicos municipales en contra, así como la cesión de propiedades del Ayuntamiento a familiares y allegados del regidor, incumpliendo varias sentencias judiciales.
Decisión de la Fiscalía
La portavoz regionalista, Sara Portilla, anunció la decisión de la Fiscalía tras la denuncia presentada por el PRC el pasado 27 de enero, en la que solicitan abrir diligencias para esclarecer los hechos.
En cuanto a la estructura organizativa del personal municipal, la denuncia afecta al alcalde socialista y a los concejales de PP y Ciudadanos, quienes el pasado 29 de mayo aprobaron ampliar la suspensión de la RPT, pese a que varias sentencias judiciales habían avalado su aplicación desde 2022. La secretaria-interventora emitió un informe desfavorable, advirtiendo de la ilegalidad del acuerdo y de las responsabilidades legales que conllevaba. Ante la falta de respuesta, la funcionaria lo puso en conocimiento de la Fiscalía.
Cesión de bienes municipales en contra de resoluciones judiciales
El PRC también denuncia el incumplimiento de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y del Juzgado de Primera Instancia de San Vicente de la Barquera sobre la ocupación de bienes públicos.
Una de las resoluciones del TSJC ordenaba el desalojo de un edificio municipal utilizado como taller de cerámica sin contrato ni contraprestación. Pese a que la anterior alcaldesa, Sara Portilla, tramitó el desahucio y obtuvo el respaldo judicial, en noviembre de 2023, el actual alcalde autorizó de nuevo la ocupación gratuita del espacio con la condición de impartir clases gratuitas a los vecinos.
El PRC considera que esta decisión elude el cumplimiento de una sentencia firme y responsabiliza también al actual secretario-interventor, quien emitió un informe favorable a la cesión.
Asimismo, la denuncia cuestiona la falta de ejecución de la sentencia que determinó la resolución del contrato de arrendamiento de una vivienda municipal ocupada por la hermana del alcalde desde hace más de 40 años sin pagar alquiler. Pese a una orden de ejecución dictada en septiembre de 2023, el Ayuntamiento no ha tomado medidas para desalojar la vivienda, permitiendo que la situación continúe.
El PRC pide a la Fiscalía que investigue estos hechos y determine las posibles responsabilidades penales de los implicados.
