La delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, ha advertido este martes que la comunidad autónoma se verá gravemente afectada por la caída del Real Decreto que contemplaba 191 millones de euros en financiación autonómica y 12,3 millones destinados a ayudas para el transporte público. Esta situación es consecuencia directa del rechazo de Partido Popular, VOX y Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados.
Gómez de Diego detalló que, de los 12,3 millones en ayudas, 7,2 millones estaban destinados a asegurar la gratuidad de los trenes de Cercanías en 2025, mientras que 2,7 millones iban para subvencionar líneas de autobuses regionales, y 2,4 millones para el transporte municipal. «El voto negativo del PP ha dejado desprotegidos a miles de trabajadores y estudiantes que se beneficiaban directamente de estas medidas. Es incomprensible que rechacen un decreto con tantas ayudas sociales cruciales para tantas familias cántabras», afirmó la delegada, calificando la postura del PP como una «traición» a la ciudadanía.
En sus declaraciones, la delegada subrayó que la decisión del PP no solo va en contra del Gobierno de España, sino que afecta directamente a los miles de cántabros que dependían de estas ayudas. Además, denunció que esta postura demuestra una «falta de compromiso» del Partido Popular con la mayoría social de Cantabria.
Ante las declaraciones del consejero de Transportes de Cantabria, Roberto Media, quien ha señalado la posibilidad de acudir a los tribunales para reclamar los fondos, Gómez de Diego instó a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y a los diputados cántabros del PP a reconsiderar su postura y apoyar el decreto. «Si realmente quieren defender a Cantabria, tienen la oportunidad de hacerlo apoyando este decreto. No se trata de enfrentarse al Gobierno de España, sino de proteger a los ciudadanos de la región», agregó.
La delegada también destacó que el Real Decreto incluía un paquete de medidas sociales de gran calado, más allá de las ayudas al transporte. Entre ellas, se contemplaba la revalorización de las pensiones para 133.000 cántabros, un aumento en el Salario Mínimo Interprofesional y el Ingreso Mínimo Vital, así como ayudas para la industria electrointensiva y deducciones fiscales relacionadas con la eficiencia energética. «El PP ha antepuesto sus intereses partidistas al bienestar general de la ciudadanía. Al rechazar estas medidas, está perjudicando a quienes más lo necesitan», concluyó Gómez de Diego.
