Izquierda Unida (IU) de Cantabria ha cargado contra las políticas de vivienda propuestas por el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Según Israel Ruiz Salmón, coordinador general de IU en la región, las medidas anunciadas por el PP, como la liberalización del suelo, las reducciones fiscales y los avales para jóvenes, benefician a rentistas y promueven el endeudamiento de los inquilinos.
“Ya vivimos las consecuencias de la crisis del ladrillo aplicando estas mismas políticas: desahucios, empobrecimiento y la criminalización de las familias vulnerables”, ha advertido Ruiz Salmón, que ha instado a la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, a aplicar la Ley de Vivienda y declarar zonas tensionadas en Cantabria, como ya han hecho Asturias y Cataluña. Según el líder de IU, estas declaraciones de zonas tensionadas han demostrado su eficacia al reducir el precio del alquiler y frenar la especulación por parte de grandes fondos de inversión.
“La pregunta es clara: ¿quiere Buruaga casas accesibles para las familias cántabras o que los fondos especulativos sigan marcando los precios?”, ha planteado Ruiz Salmón.
Críticas también al PSOE
Izquierda Unida también ha señalado al PSOE, acusándolo de “tibieza y falta de concreción” al asumir algunas de sus propuestas sin comprometerse lo suficiente. Entre las medidas que IU defiende y que el PSOE ha adoptado parcialmente están la inclusión de viviendas de la SAREB en el parque público, priorizar el régimen de alquiler frente a la venta en suelos públicos y movilizar viviendas privadas hacia alquileres asequibles mediante garantías a propietarios y ayudas para rehabilitación.
Aunque IU valora estos pasos, critica la apuesta socialista por la colaboración público-privada para la gestión del parque público de vivienda, ya que, en su opinión, esto fomenta la especulación. Ruiz Salmón también ha calificado de incoherente que el PSOE proponga bonificaciones fiscales a propietarios que respeten índices de precios mientras grava con IRPF a quienes cobran el salario mínimo.
“Premiar a los propietarios mientras los inquilinos apenas perciben beneficios y el Estado pierde ingresos para prestaciones sociales es una injusticia social enorme”, ha sentenciado Ruiz Salmón, insistiendo en que las políticas actuales no están a la altura de la emergencia habitacional que vive Cantabria.
