Los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio han presentado una denuncia ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por la presunta existencia de graves irregularidades en la tramitación, autorización y ejecución del polígono eólico El Escudo, que afectan a la legalidad del procedimiento administrativo y a la validez de las autorizaciones otorgadas. Desde estos colectivos señalan que el presunto implicado en el caso conocido como “Forestalia”, Eugenio Domínguez, exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, aparece en múltiples documentos relacionados con este proyecto, lo que refuerza la sospecha de su intervención en la tramitación de expedientes de energía renovable de forma sesgada.
Recientemente se ha hecho pública una acumulación de indicios que apuntan a posibles irregularidades en el proceso de evaluación ambiental, así como en la ejecución de las obras del polígono eólico El Escudo. Los colectivos han trasladado a organismos policiales el conjunto de irregularidades detectadas en la tramitación y construcción del proyecto, insistiendo en que cualquier alteración en el procedimiento podría comprometer la validez de las autorizaciones concedidas. En ese marco, diversas informaciones derivadas de investigaciones en curso de la Guardia Civil sitúan a Eugenio Domínguez como figura presuntamente clave en la gestión de expedientes de evaluación ambiental vinculados a proyectos de energías renovables, lo que contribuye a la hipótesis de que su intervención habría influido en la adopción de decisiones favorables en contextos de evaluaciones técnicamente desfavorables.
Los colectivos sostienen que la posible intervención directa de Domínguez en el procedimiento de la Declaración de Impacto Ambiental del polígono El Escudo podría incluir la presunta modificación de informes técnicos y la conversión de valoraciones desfavorables en resoluciones positivas, evitando los controles ordinarios previstos por la normativa de evaluación ambiental. A su juicio, una manipulación en estas condiciones podría dar lugar a la nulidad de pleno derecho del procedimiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 9 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
Además de los cuestionamientos sobre el procedimiento de evaluación, los colectivos denuncian indicios de que los promotores o entidades vinculadas habrían tenido conocimiento efectivo de irregularidades sustanciales durante la ejecución de las obras. Entre las irregularidades señaladas se encuentran la ocultación de turberas documentadas en estudios oficiales, la afección a humedales incluidos en el Inventario Español de Zonas Húmedas (IEZH), la afectación a un yacimiento arqueológico del Inventario Arqueológico de Cantabria número 017.020, la translocación y muerte de especies en peligro de extinción, y el asfaltado dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Sierra del Escudo, parte de la Red Natura 2000.
Asimismo, se señala que no se han respetado las zonas de protección de turberas y manantiales, incluso identificadas por la propia empresa promotora, lo que ha derivado en la destrucción de estos espacios motivada por la construcción de dos subestaciones eléctricas. El impacto se extiende también al ámbito paisajístico, con una afección notable a paisajes incluidos en el catálogo de paisajes relevantes de Cantabria, algo que se agrava con el diseño del nuevo Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), que, según denuncian los colectivos, dejaría fuera de protección entornos como Alsa y Monte Canales.
Frente a la situación, los colectivos celebran la paralización de las obras, pero reiteran que exigen que sean las entidades promotoras y las administraciones implicadas, presuntamente responsables de irregularidades, las que asuman la restauración íntegra de los daños ocasionados. Recuerdan que han dispuesto constancia de que, en todo momento, se les informó de las irregularidades cometidas, que se conocía que muchas autorizaciones estaban recurridas y que aún quedan juicios pendientes, sin que ello haya frenado la destrucción de uno de los parajes más emblemáticos de Cantabria, la Sierra del Escudo, incluido en la Red Natura 2000 y considerado un sumidero de carbono de gran valor ecológico.
En este contexto, los colectivos se muestran críticos con la contradicción que supone avanzar hacia supuestas estrategias de descarbonización mientras se destruyen ecosistemas que contribuyen de forma directa a la mitigación del cambio climático. Denuncian que megaproyectos como El Escudo, además de degradar el medio rural, no generan empleo estable, no fijan población y se traducen en un elevado desembolso de dinero público que, según afirman, termina beneficiando a grandes empresas y fondos de inversión como Iberdrola, Banco Santander o BlackRock.
Los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio recuerdan que, de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, los proyectos susceptibles de afectar al medio ambiente deben someterse a estudios de impacto ambiental previos a su autorización. Sin embargo, la obtención de licencias por parte de las administraciones no exime al promotor de su responsabilidad, reforzando así el principio de “quien contamina, paga”, recogido tanto en la normativa estatal como en la europea. En ese sentido, la responsabilidad por los daños al medio ambiente recae directamente sobre la empresa promotora o ejecutora, con independencia de las autorizaciones administrativas otorgadas, salvo que se acredite responsabilidad concurrente de las administraciones.
Ante este escenario, los colectivos han solicitado a la UCO que prosiga las investigaciones en curso sobre El Escudo hasta el esclarecimiento completo de los hechos y la depuración de responsabilidades, incluyendo la eventual actuación de quienes pudieron emitir informes técnicos contrarios a la realidad, favoreciendo la degradación de ecosistemas sensibles como turberas, humedales o patrimonios naturales y arqueológicos. Subrayan que, en paralelo, se investigan otras tramas en el Ministerio relacionadas con proyectos como el Proyecto Tagus de Iberdrola y la multiplicidad de polígonos eólicos de Forestalia, en los que también se vinculan presuntamente a Eugenio Domínguez, lo que alimenta la sospecha de un patrón sistemático de intervención en expedientes de evaluación ambiental.
En el caso concreto del polígono El Escudo, advierten de que no puede descartarse la existencia de alteraciones sustanciales en el expediente, incluyendo posibles retoques en informes técnicos o en la trazabilidad documental, que podrían haber determinado el contenido final de la Declaración de Impacto Ambiental. De confirmarse este tipo de hechos, el propio procedimiento quedaría gravemente comprometido y las resoluciones adoptadas podrían quedar en entredicho. Igualmente, señalan que desde 2021 se ha evitado revelar la identidad del funcionario que redactó dicha Declaración de Impacto Ambiental, lo que alimenta la desconfianza sobre la transparencia del proceso.
Los colectivos denuncian también la presunta vulneración de la legalidad por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio, que, según alegan, no ha incoado ningún expediente sancionador pese a la existencia de decenas de denuncias y que, de forma reiterada, acepta sin comprobaciones ni inspecciones los escritos remitidos por la empresa promotora. Por ello, han presentado una denuncia específica contra esta Dirección General por posible connivencia con Iberdrola.
Por último, recuerdan que la Comisión Europea ya se pronunció en 2023 sobre el caso del polígono El Escudo, concluyendo que “la Comisión observa que la situación descrita por el peticionario constituye un caso individual de aplicación incorrecta del artículo 6 de la Directiva Hábitats”, lo que, en términos de los colectivos, refuerza la necesidad de un examen exhaustivo de la legalidad del proyecto y de la actuación de todas las administraciones implicadas.
