El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha presidido este lunes la segunda reunión del comité de coordinación creado para evaluar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio sobre la economía de Cantabria y hacer un seguimiento de su impacto en la región. El objetivo del encuentro ha sido revisar las medidas ya aprobadas en el real decreto-ley impulsado por el Gobierno central y continuar incorporando nuevas actuaciones si la evolución de la crisis lo requiere.
En la reunión han participado también, por parte del Gobierno de Cantabria, los consejeros de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media; de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos; y de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros. Arasti ha trasladado a los representantes del tejido productivo la hoja de ruta que seguirá el Ejecutivo autonómico para tratar de respaldar a familias y empresas ante un escenario que, según ha advertido, sigue siendo incierto.
Entre las reivindicaciones que Cantabria mantendrá ante el Gobierno de España, el consejero ha citado la suspensión de la regla de gasto, la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, la aprobación de un marco general europeo que permita articular compensaciones a las empresas por el coste de los carburantes y la habilitación de revisiones de precios en los contratos públicos ante la subida de costes. Esta última medida, ha señalado, es una demanda especialmente trasladada por sectores como la construcción y la obra pública.
Arasti ha defendido que esa será la línea de actuación del Ejecutivo regional y ha asegurado que se seguirán sumando medidas a través del presupuesto de 2026, siempre en función de la evolución de la crisis y en contacto directo con los sectores implicados. “No hace falta que los demás grupos políticos nos pidan nada, sabemos lo que tenemos que hacer y de la mano de quien hacerlo”, ha afirmado, al tiempo que ha insistido en que el Gobierno autonómico seguirá escuchando a los agentes afectados.
El consejero ha destacado además la rapidez con la que, a su juicio, ha actuado el Gobierno cántabro desde que comenzó el conflicto, el pasado 28 de febrero. Según ha explicado, el 5 de marzo Sodercan recibió el encargo de analizar el efecto de la guerra en la economía regional y el 16 de marzo se convocó ya el comité de coordinación con tres objetivos concretos: mantener el contacto con el tejido productivo, evaluar los impactos y recabar propuestas.
Arasti ha subrayado que la reacción del Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga ha sido “inmediata”, “prudente, coordinada y responsable”, y ha defendido que buena parte de las propuestas trasladadas al Gobierno central han sido incorporadas al decreto-ley estatal. En este punto, ha puesto el foco en las medidas relativas a la fiscalidad energética y a las bonificaciones de los carburantes, algunas de las cuales, ha recordado, son financiadas en parte con recursos propios de Cantabria.
En esa línea, ha cifrado en 21,6 millones de euros hasta el 30 de junio el impacto que ya empieza a asumir la Comunidad Autónoma por esas medidas, una cantidad que, según ha dicho, dejará de percibir. Ha detallado además un coste mensual de 7,2 millones, de los que 4,8 millones corresponden a la caída de recaudación del IVA, 2,1 millones al impuesto especial sobre la electricidad y 300.000 euros al impuesto de hidrocarburos.
El consejero ha comparado la respuesta actual con la que, ha dicho, dio el anterior Ejecutivo PRC-PSOE durante la crisis de la guerra en Ucrania, al señalar que entonces se tardaron cinco meses en aprobar la primera medida. Frente a ello, ha sostenido que el actual Gobierno ha actuado con mayor rapidez y ha mantenido otras líneas de apoyo ya impulsadas, como tres bajadas de impuestos, especialmente en el IRPF, más bonificaciones al transporte público y el mantenimiento del complemento del 15% de la Renta Social Básica para las familias con dificultades.
Arasti ha valorado también la celebración de esta segunda reunión del comité, al entender que el escenario puede terminar convirtiéndose en estructural si el desenlace del conflicto sigue alargándose. Por eso, ha defendido la necesidad de anticiparse y de preparar medidas complementarias que permitan responder a una situación que, en su opinión, ya ha dejado corta la batería inicial de actuaciones.
Respecto a las propuestas trasladadas al Gobierno de España, el consejero ha considerado acertadas las impulsadas por el Ejecutivo cántabro sobre fiscalidad energética y bonificaciones a los carburantes, aunque ha advertido de que se han quedado insuficientes. Ha reclamado, por ejemplo, una bonificación permanente del 80% en los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para la industria electrointensiva, al entender que responde a un problema estructural.
También ha criticado que no se haya incluido un aumento de las compensaciones a la industria electrointensiva por el coste de las emisiones de dióxido de carbono hasta el 25% de lo recaudado, que es el máximo permitido por la legislación europea. En este sentido, ha comparado la situación de España con la de Alemania y Francia, donde, según ha afirmado, las empresas electrointensivas reciben compensaciones superiores.
Por último, Arasti ha lamentado que el Gobierno central mantenga su intención de avanzar en el desmantelamiento de las centrales nucleares, una política que, a su juicio, resta competitividad y agrava la situación económica. También ha reprochado que el decreto-ley no incluya ninguna actualización de los parámetros del IRPF para frenar la inflación y proteger el poder adquisitivo de las familias, a las que ha acusado de quedar fuera de estas medidas.
