El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Santander convocado por la tragedia de El Bocal ha servido de escenario para una fuerte crítica de la oposición a la actuación del Consistorio, la Demarcación de Costas y al propio diseño del sistema de emergencias que gestionó la alerta de la Policía Local.
La primera intervención ha partido del concejal de IU, Keruin Martínez, quien ha advertido de que lo ocurrido en El Bocal no puede calificarse simplemente como un accidente o fruto de la “mala suerte”, sino como el resultado de un fallo en la cadena de responsabilidades. Martínez ha recordado que el Ayuntamiento ya había sido alertado en el pasado sobre los riesgos de las pasarelas, mediante mociones plenarias aprobadas en 2016 y 2019, en las que se instaba a la Demarcación de Costas a retirarlas o, subsidiariamente, a que el propio Consistorio asumiera el mantenimiento.
IU ha insistido en que, a pesar de disponer de información suficiente sobre el peligro de esas estructuras, el Ayuntamiento continuó promocionando la Senda Costera Norte Litoral y ejecutando campañas turísticas, lo que, a su juicio, implica una responsabilidad política directa. Martínez ha reclamado además claridad sobre la falta de protocolo específico en la Policía Local para la gestión de llamadas de emergencia, pidiendo a la alcaldesa, Gema Igual, que “enseñe el protocolo que dice que existe”, y ha defendido a la agente implicada, subrayando que, más allá de errores técnicos, hay un “aspecto humano” que no debe quedar desatendido.
El PSOE, a través de su portavoz, Daniel Fernández, ha elevado el tono de la crítica y ha señalado que Igual es la máxima responsable de la seguridad en la ciudad, por ser la jefa de la Policía Local. Fernández ha reprochado que la regidora promocione turísticamente la senda litoral y, a la vez, atribuya el mantenimiento de las pasarelas exclusivamente a Costas, afirmando que “si no era segura no se podía abrir ni promocionar”.
El socialista ha mencionado que ya existían avisos ciudadanos sobre el peligro de las pasarelas, y que el Ayuntamiento no actuó, lo que ha vinculado con la falta de policías, de protocolos claros y de medios suficientes en el cuerpo municipal. “¿De qué sirve la Smart City si, ante una alerta real, el sistema no reacciona?”, ha preguntado, dirigiendo la exigencia de responsabilidades políticas directamente a la alcaldesa.
Por su parte, el PRC, con el portavoz Felipe Piña, ha considerado que la tragedia es la consecuencia de una “ciudad que vaga a la deriva” por la acumulación de ejemplos de dejadez, como La Remonta, los galeones o las cocheras del TUS. Piña ha señalado que la moción plenaria de este jueves no parte únicamente de la oposición, sino de la ciudad, y ha criticado que se haya tachado a Costas como responsable y se haya señalado de forma inmediata a una funcionaria como cabeza de turco, llamando a distinguir entre responsabilidad moral y penal.
IU ha vuelto a intervenir, insistiendo en que la Administración central de la época —en la que el PP controlaba el Ministerio de Medio Ambiente— no impuso la retirada de la pasarela, pese a las mociones municipales. Martínez ha defendido que, cuando el Ayuntamiento de Santander ha tenido que reclamar algo a otra administración, la respuesta siempre ha estado “modulada” por el color político de quien ostenta el poder, en alusión directa a los mandatos de ministros del PP en el pasado.
Desde Vox, la edil de la formación ha criticado que Ayuntamiento y Costas lleven semanas “pasándose la pelota” sin asumir responsabilidades claras. La portavoz ha señalado que la senda estaba en uso con el visto bueno del Ayuntamiento, que la publicitaba como parte de la oferta turística, y que ello implica, en su opinión, una “recepción tácita” de la infraestructura, más allá de que el mantenimiento formal recaiga en la Administración estatal.
Vox ha enumerado una decena de preguntas aún sin responder, entre ellas quién vigilaba la infraestructura, en qué estado se encontraban todas las estructuras, si la pasarela se ejecutó según el diseño original y quién ordenó los cambios en la obra. La formación insiste en que la responsabilidad es compartida y ha reiterado su petición de comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica en el Congreso.
El PP, a través de la portavoz en el debate, Margarita Rojo, ha reiterado que el Ayuntamiento de Santander ha entregado toda la documentación disponible tanto a la opinión pública como a la jueza instructora, y que se está preparando un segundo envío de información a los juzgados. Rojo ha reafirmado que el mantenimiento de las infraestructuras marítimas corresponde a la Demarcación de Costas, pero ha señalado que los indicios parecen orientarse más hacia una “mala ejecución” de la obra que hacia un problema de conservación, puesto que en el momento de la construcción el Ministerio de Medio Ambiente estaba gestionado también por el PP.
La popular ha pedido al PSOE que se ponga en contacto con la Delegación del Gobierno y con el Ministerio para reclamar las explicaciones de la Administración estatal, al tiempo que ha rechazado las excusas de la oposición y ha abogado por la responsabilidad política. El PP ha insistido en que no se opone a la convocatoria del pleno extraordinario y ha asegurado que asistirá con la voluntad de explicar lo sucedido dentro de los límites fijados por la instrucción judicial.
La sesión se ha abierto con la alcaldesa, Gema Igual, quien ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas y su deseo de pronta recuperación a Ainara, la única superviviente, y ha ofrecido “colaboración, transparencia, honestidad y la búsqueda de la verdad”. No obstante, la oposición ha reiterado su reclamación de responsabilidades políticas directas y de la creación de una comisión específica para analizar las causas del accidente y evitar que situaciones como la de El Bocal vuelvan a repetirse.
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