La alcaldesa de Santander, Gema Igual, compareció este miércoles ante los medios para detallar la documentación entregada al Juzgado en relación con el colapso de la pasarela de El Bocal. El Ayuntamiento ha respondido a los cinco puntos requeridos por la jueza con un total de 17 documentos, que abarcan aspectos clave de la obra y su gestión posterior.
En concreto, se han aportado tres documentos sobre el proyecto técnico de las obras, incluyendo la pasarela afectada por el accidente. Respecto a la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud, Igual ha aclarado que esta información no consta en los archivos municipales, dado que el promotor no fue el propio Consistorio.
Se han incluido asimismo dos documentos que reflejan el estado administrativo de la obra, su finalización y la recepción correspondiente; diez sobre convenios, acuerdos o comunicaciones relativas al mantenimiento; y dos informes técnicos o administrativos vinculados a la conservación y seguridad de la estructura.
Igual ha manifestado que las causas del derrumbe deberán esclarecerse, priorizando si se debió a deficiencias en el mantenimiento o en la propia ejecución constructiva, ya que se han detectado discrepancias entre el proyecto original y la realidad materializada. La alcaldesa ha criticado asimismo el fallo en la cadena de comunicación de la Policía Local durante el suceso, anunciando que la próxima semana se entregará al juzgado toda la documentación sobre protocolos y programas policiales. En cuanto a las responsabilidades, ha dejado esta cuestión en manos de la justicia, subrayando la colaboración total del Ayuntamiento.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha intervenido en el debate afirmando que el Gobierno de España recepcionó la parte finalizada de la senda costera de El Bocal, por lo que el Ayuntamiento de Santander asumió por escrito la obligación de encargarse de su mantenimiento. Casares ha remitido ya al juzgado el proyecto, certificados y detalles de la recepción, comprometiéndose a proporcionar más información si se solicita, y ha rechazado cualquier intento de eludir responsabilidades por parte del Consistorio.
El delegado ha insistido en dos aspectos fundamentales: primero, que el Ejecutivo central recepcionó la obra por ser su promotor y pagador, transfiriendo así al Ayuntamiento la tarea de mantenimiento una vez concluida; segundo, ha cuestionado por qué el Ayuntamiento permitió el uso de la senda si consideraba la estructura no recepcionada o peligrosa, competencia exclusiva municipal. Casares ha criticado la inacción del Consistorio ante el aviso recibido por la Policía Local un día antes del colapso, atribuyéndola a fallos en protocolos y diligencias internas, no a un único funcionario, sino a la Administración local en su conjunto.
Ha defendido que no se puede cargar la responsabilidad en un policía local, cuya actuación será evaluada judicialmente, y ha instado a todas las administraciones a asumir sus roles para esclarecer los hechos, honrar a las seis víctimas jóvenes y evitar que se repitan incidentes similares. El Gobierno central, ha añadido, prioriza la verdad sobre filtraciones o desinformaciones.
