El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes dos proposiciones no de ley presentadas por PP y Vox que instan al Gobierno central a regular y prohibir el uso del burka, niqab y cualquier prenda que cubra completamente el rostro en espacios públicos, tanto por razones de seguridad ciudadana como para garantizar los derechos de la mujer y la igualdad efectiva entre sexos.
La iniciativa del Grupo Popular, defendida por el diputado Juan José Alonso, ha salido adelante con los votos favorables de PP, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio, la abstención de los regionalistas del PRC y el voto en contra del PSOE. Esta propuesta reclama modificar la legislación vigente para exigir la identificación visual en todas las dependencias y servicios públicos, con excepciones justificadas por motivos médicos, laborales o condiciones meteorológicas adversas. Alonso ha enfatizado que estas prendas representan un símbolo de sumisión de la mujer y suponen un obstáculo para la identificación personal, lo que afecta directamente a la convivencia social y a la prevención de actividades delictivas.
Por su parte, la proposición no de ley de Vox, a cargo de la portavoz Leticia Díaz, ha sido rechazada por los votos del PSOE y PRC, aunque contó con el respaldo del PP. Díaz ha calificado estos velos integrales como «cárceles de tela» incompatibles con la identidad cultural española y ha abogado por su prohibición expresa en lugares como escuelas, hospitales, parques infantiles y cualquier espacio público, además de proponer sanciones más severas contra quienes impongan su uso y la suspensión de trámites de nacionalidad en tales casos.
Desde la oposición, la socialista Nora Cruz ha calificado ambas iniciativas como «racistas y populistas», argumentando que Cantabria no registra problemas significativos relacionados con estas vestimentas y que la verdadera integración se logra mediante políticas de educación, empleo y convivencia, no a través de prohibiciones que estigmaticen a minorías. El regionalista Pedro Hernando ha considerado «inconstitucional» la propuesta de Vox por su tono excluyente y ha criticado la utilización de un discurso de amenaza cultural que no se corresponde con la realidad de la región.
La sesión plenaria ha arrancado con un minuto de silencio en memoria de la última víctima de violencia machista en Pedreña, un gesto que ha unificado a todos los grupos parlamentarios en su repulsa a este tipo de crímenes. Además, el orden del día ha incluido respuestas del Gobierno regional a diversas interpelaciones sobre materias como sanidad, educación, desarrollo rural y, especialmente, el accidente mortal de la pasarela de El Bocal en Santander.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Isabel Urrutia, ha defendido la actuación «impecable» del Centro Coordinador de Emergencias (CECO) 112 ante la llamada recibida el pasado 2 de marzo, en la que una ciudadana alertaba sobre el mal estado de la citada pasarela peatonal, que colapsó al día siguiente causando la muerte de seis personas. Según Urrutia, el aviso fue correctamente clasificado como un desperfecto en vía pública y se derivó al Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) de la Policía Local de Santander siguiendo el protocolo establecido, sin que existiera indicio alguno de riesgo inminente que justificara una intervención inmediata del 112.
Tanto la operadora del 112 como la agente municipal que atendió la llamada están citadas a declarar en la investigación judicial abierta por el suceso, en la que también se analizarán quejas vecinales previas sobre el estado de la estructura en el entorno del Geoparque de la Costa Quebrada. Vox ha cuestionado la gestión del 112 y ha reclamado protocolos de actuación más ágiles, mientras que Urrutia ha insistido en que el sistema funcionó correctamente y ha reafirmado la confianza del Gobierno en sus operarios.
En materia de desarrollo rural, la consejera María Jesús Susinos ha avanzado que el Ejecutivo autonómico se plantea modificar el convenio colectivo de los bomberos forestales para facilitar la realización de más quemas controladas en montes públicos, respondiendo a las demandas reiteradas de ayuntamientos y juntas vecinales. En 2025 se autorizaron 125 quemas de este tipo, y el Gobierno busca agilizar los procedimientos burocráticos para prevenir incendios forestales en un territorio donde el 70% de la superficie está arbolada.
Susinos también ha destacado las partidas presupuestarias para 2026, que incluyen 1,5 millones de euros destinados a repoblaciones forestales, así como la simplificación de trámites en el Fondo de Mejoras Forestales, que el pasado ejercicio gestionó 4,9 millones de euros para la ejecución de 43 planes de actuación en el medio rural. La consejera ha reivindicado un modelo de política forestal equilibrado que combine la conservación ambiental con el aprovechamiento sostenible de los recursos madereros y la prevención de riesgos.
