El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha respondido a las declaraciones de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, sobre la responsabilidad en el mantenimiento de la pasarela de El Bocal, cuyo derrumbe el pasado 3 de marzo provocó la muerte de seis jóvenes de entre 19 y 22 años. Según ha explicado, la documentación existente apunta a que el Ayuntamiento tenía asumida esa competencia desde hace años.
En una entrevista en la Cadena SER, Morán ha señalado que el Ministerio para la Transición Ecológica ha remitido ya al juzgado que investiga lo ocurrido toda la información disponible en poder del Gobierno central. Entre ella figura, según ha detallado, el acta oficial que acredita que las obras de la senda costera —donde se encontraba la pasarela— quedaron concluidas y fueron recepcionadas en 2015, cuando el Ministerio estaba dirigido por Isabel García Tejerina.
De acuerdo con el secretario de Estado, ese documento refleja que la actuación se dio por finalizada, fue aceptada formalmente por la Administración y se autorizó su apertura al uso público, iniciándose además el periodo de garantía. El acta está firmada por la empresa constructora Dragados y por responsables de la Demarcación de Costas.
Morán ha subrayado que este tipo de documento únicamente puede firmarse una vez terminadas las obras. En este sentido, ha defendido que las pasarelas y miradores de madera previstos en el proyecto estaban ejecutados, aunque otras actuaciones contempladas inicialmente no llegaran a materializarse.
El responsable estatal ha señalado también que, tres años después, el propio Ayuntamiento volvió a reconocer por escrito su responsabilidad en el mantenimiento. En concreto, ha indicado que en un documento administrativo de 2017 —con Igual ya al frente del Consistorio— el Ayuntamiento reafirmó que el compromiso adquirido en 2004 para hacerse cargo de la conservación de la senda costera seguía vigente.
Ese acuerdo inicial, adoptado el 13 de abril de 2004, establecía que el Consistorio asumiría las labores de mantenimiento una vez concluidas las obras. Según Morán, este compromiso se adoptó de forma expresa y con conocimiento de las obligaciones que implicaba.
El secretario de Estado ha insistido en que el acta de comprobación de mayo de 2015 es un elemento clave porque certifica la finalización de la actuación y la puesta en servicio de la senda costera, incluida la pasarela que posteriormente colapsó.
Además, ha apuntado a otra circunstancia que, a su juicio, evidencia la implicación municipal en el mantenimiento. Según ha explicado, en febrero de este mismo año el Ayuntamiento comunicó a Costas diversas actuaciones de conservación previstas en la senda costera, a lo que el organismo estatal respondió que no era necesaria autorización al tratarse de trabajos dentro del ámbito competencial municipal.
Para Morán, este intercambio demuestra que el propio Ayuntamiento actuaba como responsable del mantenimiento antes del accidente. “Los hechos no coinciden con lo que se está diciendo ahora”, ha señalado.
En relación con algunas intervenciones realizadas en 2024 en la zona, el secretario de Estado ha precisado que se trataron de actuaciones puntuales de colaboración entre administraciones ante avisos de posibles riesgos para la seguridad, algo que —ha remarcado— no altera el reparto de competencias sobre la infraestructura.
