La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) ha puesto negro sobre blanco una situación que, a su juicio, evidencia un trato fiscal desigual: con idénticos ingresos, un trabajador por cuenta propia termina con menos dinero disponible que un asalariado. La organización sostiene que el diseño actual del sistema tributario penaliza de forma particular a quienes se sitúan en los tramos de menor renta, generando una brecha que consideran injustificada.
En su propuesta de reforma fiscal, UATAE incluye un ejemplo concreto para ilustrar esa diferencia. Con unos ingresos netos mensuales de 1.323 euros (15.876 euros al año), un asalariado abona algo más de 85 euros en cotizaciones sociales y no soporta retención de IRPF, de modo que su renta disponible ronda los 1.237 euros mensuales. Sin embargo, un autónomo con la misma cuantía de ingresos asume una cuota a la Seguridad Social cercana a los 300 euros y una retención media en torno a los 94 euros, lo que deja su renta disponible por debajo de 1.025 euros al mes, más de 200 euros menos. En términos anuales, la diferencia se aproxima a los 2.600 euros pese a partir del mismo nivel de ingresos.
Desde UATAE Cantabria subrayan que este desfase tiene un impacto relevante en la comunidad, donde una parte significativa del colectivo declara rendimientos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. Recuerdan que el tejido autónomo en la región se apoya fundamentalmente en microempresas y profesionales individuales vinculados al comercio, los servicios y diversas actividades profesionales, para quienes cualquier merma de liquidez se traduce directamente en dificultades para sostener su actividad.
Uno de los ejes centrales del documento es el distinto tratamiento en el IRPF de asalariados y autónomos. UATAE recuerda que los rendimientos del trabajo pueden beneficiarse de una reducción que alcanza los 7.302 euros anuales para rentas inferiores a 19.747,50 euros, mientras que en el caso de los rendimientos de actividades económicas —la categoría en la que tributan los autónomos— la rebaja máxima se queda en 6.498 euros. Además, para acceder a esta última se exigen requisitos adicionales que no se aplican a los asalariados, como que un porcentaje elevado de la facturación esté sometido a retención o que no se obtengan otros tipos de ingresos en el mismo periodo.
La organización cuestiona que estas condiciones tengan relación con la verdadera capacidad económica del contribuyente y reclama eliminar esos filtros adicionales. Su planteamiento pasa por igualar tanto la cuantía de la reducción como los límites de aplicación a los vigentes para los trabajadores por cuenta ajena, bajo la premisa de que “a mismo ingreso, mismo impuesto”. Consideran que la fiscalidad no debe depender de la forma jurídica en la que se ejerce la actividad, sino del nivel real de renta.
El documento también se detiene en la situación de los trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE) y las indemnizaciones que perciben cuando finaliza su relación con el cliente principal. A diferencia de lo que ocurre con los despidos en el régimen general, estas cantidades tributan íntegramente en el IRPF, sin exención alguna. UATAE defiende que la finalidad compensatoria es equiparable y que no hay una razón objetiva para mantener este trato diferenciado, por lo que propone que dichas indemnizaciones gocen de un régimen similar al de los asalariados.
Otro bloque de propuestas se centra en las retenciones y los pagos fraccionados de los autónomos. En la actualidad, el tipo de retención que soportan en sus facturas depende en gran medida de la antigüedad en la actividad, mientras que los pagos trimestrales se calculan aplicando un porcentaje fijo sobre el rendimiento neto acumulado. UATAE advierte de que este esquema, poco flexible, genera tensiones de tesorería en quienes tienen ingresos bajos o irregulares, obligándoles a adelantar entre un 15% y un 20% de sus beneficios que en muchos casos se les devuelve más tarde en la declaración anual.
Para corregir esta situación, la organización propone implantar un sistema de retenciones y pagos fraccionados variables en función de los ingresos reales, similar al que ya se aplica en las nóminas de los asalariados. El objetivo es ajustar mejor la tributación a la capacidad económica efectiva de cada autónomo y reducir los adelantos desproporcionados que, según denuncian, convierten a la Agencia Tributaria en una suerte de “financiador” con recursos del propio contribuyente durante varios meses.
En el terreno del IVA, UATAE reivindica la incorporación plena del régimen de franquicia contemplado en la Directiva (UE) 2020/285, que permite a los Estados miembros establecer un sistema simplificado para pequeñas empresas por debajo de determinados umbrales de facturación. La norma europea fija un límite máximo general de 85.000 euros anuales, aunque deja margen para que cada país determine cuantías más bajas o diferenciadas según sectores.
La organización plantea que España analice el volumen de negocio medio de cada actividad para fijar límites adaptados a la realidad económica y que el régimen tenga carácter voluntario. Acogerse a esta figura permitiría a los autónomos que cumplan los requisitos no repercutir IVA en sus facturas ni presentar declaraciones trimestrales, reduciendo trámites administrativos y mejorando la liquidez, aunque también implicaría renunciar a deducir el IVA soportado en gastos e inversiones.
La propuesta de UATAE apuesta, además, por revisar el encaje de este régimen de franquicia con otros sistemas ya existentes, como el régimen simplificado de IVA o la estimación objetiva en el IRPF, para evitar solapamientos y distorsiones. Recuerdan que el avance en la digitalización y en el control de la facturación facilita disponer de datos más precisos sobre la actividad real de los contribuyentes, lo que permitiría diseñar un marco fiscal más ajustado al día a día del trabajo autónomo.
La morosidad es otro de los frentes que la organización considera prioritarios. Citan estudios que sitúan el periodo medio de pago a autónomos en torno a los 90–95 días, muy por encima del plazo legal de 30 días fijado en la normativa contra la morosidad. Esta realidad, unida al criterio de devengo en el IVA —que obliga a ingresar el impuesto cuando se emite la factura, aunque no se haya cobrado—, puede comprometer la viabilidad de muchos pequeños negocios, que acaban adelantando impuestos por ingresos que todavía no han percibido.
Ante este escenario, UATAE reclama reforzar los mecanismos de control y sanción frente a los pagadores que incumplen de forma reiterada los plazos legales. También plantea fórmulas que eviten que el profesional por cuenta propia asuma el coste financiero de esos retrasos, así como una flexibilización de los aplazamientos y fraccionamientos de impuestos trimestrales, de manera que puedan distribuirse sin intereses ni recargos y facilitar la planificación financiera.
Con este conjunto de medidas, la organización defiende avanzar hacia un esquema tributario que reduzca las diferencias entre regímenes, simplifique las obligaciones formales y tenga en cuenta la estructura real del trabajo autónomo en territorios como Cantabria, donde buena parte del tejido productivo descansa sobre pequeños negocios y profesionales individuales.
