El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publicará mañana la resolución de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación que aprueba el nuevo baremo para la tasación de daños causados por fauna silvestre, una actualización integral que incorpora incrementos generales superiores al 8,9% del IPC acumulado desde 2023, con subidas especialmente notables en categorías donde existía mayor desfase con los valores de mercado reales.
Este baremo sustituye al aprobado en febrero de 2023 y entrará en vigor para los daños ocurridos a partir del 1 de marzo de 2026, marcando el cumplimiento de un compromiso del Gobierno de Cantabria, liderado por María José Sáenz de Buruaga, con el sector primario.
La consejera del ramo, Blanca Susinos, ha destacado que la medida “corrige un desfase evidente” y sitúa las indemnizaciones en niveles acordes con la realidad económica actual, tras un proceso de diálogo con organizaciones profesionales agrarias y asociaciones de criadores de distintas razas y especies. “Cumplimos nuestra palabra: no podíamos seguir compensando daños con cantidades que no reflejaban lo que viven nuestros ganaderos”, ha afirmado.
Susinos ha insistido en que esta actualización supone “una cuestión de justicia”, ya que “el sector primario no puede cargar en solitario con los costes de la conservación”. Para garantizar la convivencia con especies como el lobo y preservar el modelo de ganadería extensiva típico de Cantabria, la Administración debe ofrecer “indemnizaciones justas, ágiles y realistas”, ha subrayado la consejera.
Entre los principales avances del nuevo baremo destacan los incrementos significativos en bovino, ovino y caprino, especialmente en animales de menor edad donde la brecha con el mercado era más acusada. En los últimos tres años, el precio del vacuno vivo ha subido hasta un 100% en algunos mercados nacionales, mientras que el ovino ha registrado aumentos superiores al 50%.
Además, se actualizan al alza las compensaciones por daños en ganado equino, apicultura, otros animales de explotación, mastines vinculados a las explotaciones ganaderas, praderías, cultivos y arbolado, incluyendo el lucro cesante en los casos previstos. Se mantienen también los mecanismos de compensación reforzada cuando en un mismo ataque mueren más del 20% del censo de la explotación.
Para Susinos, esta medida no solo sostiene económicamente las explotaciones, sino que aporta seguridad jurídica y fortalece la confianza del sector en la Administración autonómica. De esta forma, el Ejecutivo regional reafirma su apuesta por el desarrollo socioeconómico del medio rural, equilibrando la conservación de la biodiversidad con la viabilidad de las explotaciones ganaderas.
