El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves la declaración del ‘Proyecto Besaya Green’ como Proyecto Empresarial Estratégico de Cantabria, una iniciativa promovida por la sociedad BESAYA GREEN H₂ SL para levantar una planta dedicada a la producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos sostenibles en los municipios de Torrelavega y Santillana del Mar, en la zona que ocupaban las antiguas instalaciones de Sniace.
La decisión se adopta tras analizar la petición presentada por la empresa el pasado 6 de septiembre de 2025 y constatar que cumple los requisitos recogidos en la Ley 2/2025 de Simplificación Administrativa. Durante el proceso de tramitación, la documentación fue remitida a la Consejería de Ordenación del Territorio y a los ayuntamientos implicados, cuyos informes —emitidos entre octubre y noviembre de 2025— fueron favorables y sin observaciones sobre su coherencia urbanística o ambiental.
Además, el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio expuso el proyecto oficialmente ante el Parlamento regional el 23 de febrero de este año, tal como establece el artículo 19.4 de la citada ley. El plan cumple los tres requisitos exigidos para la catalogación como estratégico: una inversión superior a 50 millones de euros, la creación de más de cien empleos indefinidos a tiempo completo y su vinculación con un sector considerado prioritario, el de la transición energética.
La inclusión del proyecto en esta categoría permitirá activar los procedimientos de tramitación preferente, lo que implica reducir a la mitad los plazos administrativos necesarios para obtener licencias y permisos esenciales. También otorga prioridad en el acceso a financiación pública, avales y programas de apoyo a la inversión empresarial. Pese a ello, la declaración no supone la aprobación definitiva del proyecto, que deberá superar posteriormente los trámites sectoriales pertinentes. Su entrada en vigor se producirá con su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, y contra la resolución podrá interponerse recurso de reposición o contencioso-administrativo.
En la misma sesión, el Ejecutivo autonómico dio luz verde a la convocatoria de subvenciones 2026 para el mantenimiento del empleo autónomo, con una dotación superior a 3,7 millones de euros. Estas ayudas pretenden consolidar el tejido autónomo en Cantabria y apoyar a trabajadores por cuenta propia y microempresas, con especial atención a los municipios en riesgo de despoblamiento.
Podrán acceder a las subvenciones quienes acrediten entre tres y cinco años de cotización continuada, ejerzan su actividad en Cantabria y cuenten con una plantilla inferior a diez trabajadores. Las cuantías oscilarán entre 2.750 y 4.450 euros, en función del perfil del solicitante —jóvenes, mujeres, mayores de 45 años, personas con discapacidad o víctimas de violencia de género—, con un incremento del 20% para quienes residan en zonas con riesgo demográfico.
Este programa, financiado con cargo al presupuesto prorrogado para 2026 bajo el régimen europeo de ayudas de minimis, busca favorecer la consolidación del autoempleo, fortalecer la actividad económica y contribuir al equilibrio territorial de la región. Los pagos se realizarán en un único abono tras comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos.
Asimismo, el Gobierno regional ha autorizado a la Dirección General del Servicio Jurídico a interponer varios recursos contencioso-administrativos contra resoluciones de las Delegaciones del Gobierno en Ceuta y Canarias, referidas al traslado a Cantabria de menores extranjeros no acompañados acogidos en dichas comunidades. La iniciativa busca garantizar la defensa de las competencias autonómicas en materia de protección de menores y el respeto a los procedimientos establecidos para este tipo de actuaciones.
