La Audiencia Provincial de Cantabria ha impuesto 9 años de inhabilitación para cargo público al alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco (PRC), por un delito de prevaricación administrativa al contratar a un arquitecto técnico municipal sin proceso selectivo.
La sentencia, notificada hoy y recurrible ante la Sala de lo Penal del TSJC, absuelve al regidor en otros cinco expedientes juzgados conjuntamente y elimina la continuidad delictiva pedida por acusaciones.
Según los hechos probados, Arco «decidió contratar al técnico sin tramitar expediente alguno», pese a que su contrato menor anterior había vencido —y estos no son prorrogables—, tal como advirtió la secretaria interventora. Aun así, dictó un decreto de alcaldía ordenando «subsanar deficiencias» y autorizó el pago de nóminas «sin corregir nada y confiando en el profesional».
En el pleno posterior, votó a favor de levantar reparos de legalidad «sabiendo que contravendía la norma». Para la Sección Primera, actuó «anteponiendo su voluntad a cualquier razonamiento, con plena conciencia de la ilegalidad».
En los cinco casos restantes, el tribunal descarta prevaricación: Arco siguió asesoramiento legal, actuando conforme a derecho o convencido de su legalidad en temas como nóminas de una trabajadora, servicios informáticos, nombramiento de tesorera, facturas e ICIO.
Reacción del PRC: «Apoyo total hasta sentencia firme»
El PRC ha ratificado su respaldo a Arco, al que define como «político íntegro y honrado que actuó de buena fe, asesorado por la letrada municipal y priorizando los intereses vecinales».
El vicesecretario de Organización, Jesús Ochoa, ha anunciado que no se pedirán responsabilidades políticas mientras la sentencia no sea firme y prevé que el TSJC la revoca, «como hizo la Audiencia con cinco de las seis acusaciones del exalcalde José Luis Blanco (PP)».
Ochoa ha evitado repetir el caso de Hazas de Cesto (2021), donde una condena similar al regionalista José María Ruiz fue revocada tras dimisión. «Cumpliremos nuestro código ético: nada hasta fallo definitivo», ha zanjado, confiando en que el Supremo dé la razón al alcalde.
Fiscalía había pedido 15 años de inhabilitación. Arco recurirá en los próximos días.
