El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha defendido que “la única prioridad, hoy y siempre, debe ser el bienestar, la protección y la seguridad de los menores”, en referencia a la situación generada en torno al hogar de acogida de emergencia para niños y adolescentes migrantes en el municipio de Cártes.
Casares ha apelado a “rebajar la tensión por parte de todos” y a “primar siempre el interés superior del menor”, tras la comparecencia pública realizada por la consejera de Inclusión Social del Gobierno de Cantabria, que ha calificado de “absolutamente irresponsable”.
“El Gobierno de Cantabria, lejos de sacar del foco mediático a estos niños, ha querido volver a situarlos en una posición de extrema vulnerabilidad”, ha lamentado el delegado, que ha insistido en que se está hablando de “salvaguardar derechos humanos, de humanidad y nada más”.
En este sentido, ha reclamado “basta ya de reproches y de hablar de estos niños como si fueran mercancía que se impone”, subrayando que “son seres humanos, son vidas y son niños” a los que una comunidad “solidaria y humanitaria como Cantabria y como Cártes tiene la obligación ética de acoger”.
Para Casares, la situación responde a un “caso manifiesto de utilización partidista de menores para enfrentar a unas administraciones con otras, cuando deberían estar trabajando juntas para garantizar la acogida y la protección”.
“El objetivo debe ser uno solo: garantizar su bienestar y su protección. Eso es lo que exigimos a todas las administraciones competentes”, ha recalcado, al tiempo que ha pedido sacar a los menores del debate político “por respeto, responsabilidad y humanidad”.
Reparto de menores y competencias
El delegado del Gobierno ha explicado que el Ejecutivo central no “impone” la llegada de menores, sino que decreta su reparto entre comunidades autónomas “en solidaridad con estos niños y con territorios como Canarias, Ceuta y Melilla”, mientras que son las comunidades las que, en el ámbito de sus competencias, disponen de los recursos necesarios para ofrecerles un hogar digno.
En este sentido, ha recordado que la competencia de acogida de menores corresponde exclusivamente al Gobierno de Cantabria, y que desde la Delegación del Gobierno únicamente se comunica su llegada, sin disponer de información sobre la ubicación concreta de los recursos.
No obstante, ha diferenciado entre no comunicar públicamente la llegada de los menores a un municipio y la necesidad de que el Gobierno autonómico hubiera notificado la apertura del recurso al Ayuntamiento “para poder coordinar servicios básicos, educativos, sociales o socioculturales”.
“Eso es lo mínimo exigible desde el punto de vista de la lealtad institucional”, ha enfatizado.
“Versión parcial y falsa” de la reunión
Casares ha acusado a la consejera de Inclusión de ofrecer una “versión parcial y falsa” sobre la reunión celebrada este lunes en la Delegación del Gobierno.
Según ha detallado, la propia consejera solicitó el encuentro a las 12.18 horas por correo electrónico y la reunión se celebró exactamente tres horas después, a las 15.30 horas.
El delegado ha explicado que Gómez del Río quería tratar “única y exclusivamente” cuestiones relacionadas con la seguridad del personal y de los menores, una propuesta que él no consideró adecuada en esos términos.
Por ese motivo, propuso que en la reunión estuvieran presentes también el Ayuntamiento de Cártes, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y la Guardia Civil, una propuesta que, según Casares, fue inicialmente vetada por la consejera.
“La consejera se negó en un primer momento a que asistieran la alcaldesa y el Ayuntamiento de Cártes. Tras mucho conversar, acabó aceptando nuestra propuesta”, ha asegurado.
Por ello, ha pedido a Gómez del Río que, “si comparece públicamente, al menos cuente todo y no una versión parcial y falsa”.
Para Casares, que una reunión discreta orientada a buscar soluciones se haga pública “desde la manipulación y la mentira” es una muestra de “irresponsabilidad y deslealtad institucional”.
La Delegación, sin conocimiento previo del recurso
El delegado del Gobierno ha señalado además que la Delegación no tuvo conocimiento de la existencia ni de la ubicación del centro de acogida hasta que esta información apareció en los medios de comunicación.
La postura del Ayuntamiento de Cártes
Por su parte, la alcaldesa de Cártes, Lorena Cueto, ha asegurado que la notificación enviada al ICASS y a la Fundación Cuin “no paraliza ni ralentiza la acogida de menores vulnerables ni su protección”.
“Vamos a garantizar su acogida, su bienestar y su protección”, ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que el Ayuntamiento pondrá a disposición de los menores los recursos educativos, sociales, culturales y deportivos del municipio para facilitar su integración y una vida normalizada.
No obstante, ha reprochado a la consejera una actuación “irresponsable”, al considerar que desde el inicio ha actuado “de espaldas al Ayuntamiento”, sin voluntad de coordinación, y ha cuestionado que se pretenda alojar hasta 18 menores en una vivienda con cédula de habitabilidad para seis personas.
Cueto ha reiterado que los menores “son bienvenidos a Cártes” y ha recordado que se trata de jóvenes que han dejado atrás a sus familias y sus países “en busca de una oportunidad para vivir mejor”.
La alcaldesa ha explicado que la notificación remitida al ICASS y a la Fundación Cuin responde a denuncias vecinales y a informes técnicos y jurídicos municipales que solicitan aclaraciones sobre aspectos urbanísticos del inmueble.
“Una cosa es la acogida de los menores, que es prioritaria, y otra que, por la vía administrativa, se solicite información que llevamos pidiendo desde hace una semana y no se nos ha facilitado”, ha señalado.
Cueto ha rechazado además que se trate de una “orden de cierre”, asegurando que lo que existe son informes técnicos y jurídicos que cuestionan si el inmueble, cuya adquisición supera los 500.000 euros, cumple las condiciones de habitabilidad.
Por último, ha negado que el conflicto responda a imposiciones del Gobierno central y ha defendido que el debate es “defender los derechos humanos”. Asimismo, ha criticado lo que considera falsedades vertidas por la consejera y ha lamentado que no se haya desautorizado a la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento tras manifestaciones contrarias a la acogida de menores.
El cruce de acusaciones mantiene abierto un conflicto institucional mientras todas las partes aseguran compartir un mismo objetivo: garantizar la protección y el bienestar de los menores.
