El Gobierno de Cantabria recurrirá por la vía judicial la resolución dictada por la alcaldesa de Cártes que ordena la paralización inmediata de la actividad del hogar de acogida de emergencia destinado al alojamiento de menores en el municipio. Así lo ha anunciado la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, quien ha calificado la decisión municipal de “grave y gravísima” y ha defendido que debe prevalecer la normativa de servicios sociales y, sobre todo, el interés superior del menor.
La consejera ha explicado que la notificación de la resolución municipal se recibió este martes al mediodía y que en ella se ordena el cese inmediato de la actividad del recurso, pese a que en el inmueble ya se encuentran dos menores y está prevista la llegada de más niños y adolescentes en los próximos días.
Según ha señalado Gómez del Río, la orden pretende obligar al cierre del hogar “intentando dejar sin alternativa” a los menores ya acogidos y a los que está previsto que lleguen esta semana a Cantabria, y se acompaña además de advertencias sobre un posible precinto del edificio, la retirada de materiales, el corte de suministros básicos como agua, electricidad o energía, y la imposición de multas coercitivas en caso de incumplimiento.
La base de la resolución municipal
La resolución, firmada por la alcaldesa de Cártes el 2 de febrero de 2026, se enmarca en un expediente de protección de la legalidad urbanística y tiene como interesado a la Fundación Cuin (Atención y Ayuda de la Infancia y Juventud de Cantabria), entidad gestora del recurso.
En el documento se recoge que el Ayuntamiento tuvo conocimiento de que en un inmueble del municipio, titularidad del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), se iba a desarrollar por parte de la Fundación Cuin una actividad de residencia de acogida de emergencia “sin licencia previa para su ejercicio”. A raíz de ello, se incoó expediente administrativo con el fin de comprobar si la actividad se ajusta a la normativa urbanística y, en su caso, adoptar medidas de restauración de la legalidad.
El informe técnico municipal incorpora antecedentes urbanísticos del edificio, que cuenta con licencia para la rehabilitación de una casa tradicional destinada a local comercial y dos viviendas, así como licencia de primera ocupación concedida en 2009. Según la documentación, la vivienda dispone de una superficie útil aproximada de entre 167 y 169 metros cuadrados, con salón, cocina, varios dormitorios, baños y un estudio en planta bajo cubierta.
El informe añade que no constan licencias posteriores de obra ni declaraciones responsables para modificaciones del inmueble y que, según una inspección policial realizada el 30 de enero de 2026, el responsable del hogar manifestó que se iba a desarrollar una actividad de residencia de primera acogida o acogida urgente.
Desde el punto de vista urbanístico, el documento municipal sostiene que la actividad de residencia de acogida de emergencia requiere autorizaciones autonómicas previas y que, además, el uso no sería compatible con la calificación urbanística del inmueble, situado en suelo urbano dentro del ámbito del Conjunto Histórico de la Villa de Cártes, ordenanza 1.
El informe interpreta que este tipo de recurso debería implantarse en suelo calificado como “equipamientos” y no en una vivienda del núcleo histórico, por lo que concluye que la actividad no es compatible con su ubicación actual.
Orden de paralización y advertencias
En la parte resolutiva, la alcaldesa acuerda iniciar los trámites para la adopción de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística y ordena al ICASS y a la Fundación Cuin la paralización inmediata de la actividad de residencia de acogida de emergencia destinada al alojamiento de niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, advierte de que, en caso de no paralizarse la actividad, el Ayuntamiento podrá precintar las instalaciones, retirar materiales a costa del interesado, ordenar a las empresas suministradoras la suspensión de los servicios y imponer multas coercitivas reiteradas cada tres meses.
La resolución concede además un plazo de diez días hábiles para la presentación de alegaciones y ordena comunicar las medidas al Registro de la Propiedad.
La respuesta del Gobierno de Cantabria
Frente a esta interpretación, la consejera de Inclusión Social ha defendido que el recurso se ajusta a la normativa autonómica de servicios sociales y que, al tratarse de un hogar, no requiere autorización previa ni autorización de funcionamiento, sino únicamente su inscripción en el registro de servicios sociales, trámite que ya se había realizado.
Gómez del Río ha subrayado que la propia alcaldesa solicitó el pasado 30 de enero una inspección de servicios sociales para comprobar el estado de la vivienda, una visita que se llevó a cabo este martes y que, según la consejera, constató que el inmueble cumple con los requisitos legales establecidos en la normativa autonómica.
“Estamos ante un hogar, no ante un centro de gran capacidad. Es un recurso que constituye una vivienda normalizada para menores y cumple con las condiciones exigidas”, ha señalado.
La titular de Inclusión Social ha insistido en que la alcaldesa se ampara en normativa urbanística cuando, en este caso, debe prevalecer la normativa de servicios sociales y la protección de los menores, y ha considerado especialmente grave que se plantee el corte de suministros o el desalojo de personas vulnerables.
Acciones judiciales y medidas cautelarísimas
Nada más recibir la notificación, la Consejería trasladó el expediente a sus servicios jurídicos y al Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria para que interpongan recurso y soliciten medidas cautelarísimas, dada la urgencia de la situación.
“El objetivo es que un juez suspenda de inmediato esta resolución antes incluso de entrar al fondo del asunto”, ha explicado Gómez del Río.
Además, la consejera ha informado de que ha contactado con responsables del Ministerio de Juventud e Infancia y de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, quienes le han transmitido su sorpresa e incredulidad por lo ocurrido, al no existir precedentes de una situación similar en otros territorios.
Acusaciones de deslealtad institucional
Gómez del Río ha denunciado una “absoluta falta de lealtad institucional” por parte de la alcaldesa de Cártes, al recordar que el lunes mantuvo una reunión con ella y con el delegado del Gobierno para rebajar la tensión social y coordinar la llegada de los menores.
En ese encuentro, según ha relatado, se compartió información con el objetivo de garantizar la seguridad de los menores y del personal cuidador y se trasladó que los primeros niños llegarían el martes, sin que en ningún momento la alcaldesa advirtiera de su intención de paralizar el recurso.
La consejera ha señalado que, pese a ese compromiso de coordinación, la alcaldesa firmó esa misma noche la orden de paralización y la notificó a la entidad gestora a la mañana siguiente.
Situación de los menores
La responsable autonómica ha confirmado que los dos menores llegados este martes se encuentran en el inmueble, acompañados por cuidadores y en condiciones de seguridad, y que el Gobierno mantendrá su protección mientras se resuelve el conflicto.
Además, ha explicado que está previsto que este miércoles lleguen cuatro menores más, el jueves uno y el viernes tres, dentro del procedimiento establecido por el Estado, información que, según ha indicado, también conoce la Delegación del Gobierno.
“Si alguien pretende expulsar a estos menores, tendrá que hacerlo asumiendo su responsabilidad”, ha afirmado.
Un conflicto con trasfondo político
Gómez del Río ha acusado a la alcaldesa de haber generado alarma social y de obstaculizar de forma reiterada la acogida de menores, una obligación legal del Gobierno autonómico.
Asimismo, ha mostrado su sorpresa por la actitud de una regidora socialista que, según ha recordado, en otras ocasiones ha criticado al Partido Popular por falta de humanidad en materia migratoria.
“Estamos hablando de niños, de niñas y de adolescentes vulnerables. Y nuestra obligación es protegerles”, ha concluido la consejera.
El conflicto queda ahora en manos de los tribunales, mientras el Ejecutivo autonómico busca frenar una orden municipal que, a su juicio, pone en riesgo la continuidad de un recurso esencial para la atención a menores en situación de especial vulnerabilidad.
