La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga , ha defendido este lunes que la adenda firmada al convenio singular con el Hospital Santa Clotilde “fortalece el carácter público del sistema sanitario”, al soportar las condiciones del acuerdo y someter al centro privado “a un mayor control y evaluación de resultados”.
Durante su intervención en el pleno del Parlamento, Buruaga explicó que el nuevo texto vincula el 1% de la facturación del hospital al cumplimiento de los estándares de calidad exigidos en la red pública , lo que a su juicio convierte la colaboración con Santa Clotilde en una “figura más transparente, objetiva y alineada con los intereses sanitarios de los cántabros”.
“Lo que hemos hecho es reforzar el servicio público, elevar al máximo la exigencia y concretar las responsabilidades”, ha asegurado, marcando distancia con las críticas del grupo socialista, a quienes pidieron que “dejen de mentir y de manipular”. Según la presidenta, su Gobierno “no gestiona la sanidad desde el sectarismo ideológico, sino con reglas claras, transparencia y evaluación real de los resultados”.
Buruaga defendió que “el único criterio que guía las decisiones del Ejecutivo en materia de salud es la mejora de la atención a los ciudadanos” y negó rotundamente que el convenio suponga una “privatización encubierta”. En este sentido, recordó que se trata de una figura prevista en la Ley General de Sanidad, la Ley de Contratos del Sector Público y las directivas europeas , que permite integrar en la red pública instituciones sin ánimo de lucro “cuando su colaboración es imprescindible para garantizar servicios esenciales”.
La jefa del Ejecutivo regional subrayó que no se trata de un contrato a dedo , sino de un acuerdo con respaldo legal “idéntico a los que se aplican en otras comunidades autónomas”. Recordó que los gobiernos del PRC y el PSOE destinaron 91 millones de euros entre 2015 y 2023 a derivaciones hacia este mismo hospital, y que el Principado de Asturias mantiene convenios similares por valor de 100 millones anuales , o que incluso la actual vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero , los utilizó durante su etapa al frente de la sanidad andaluza.
Buruaga reclamó respeto hacia una institución “ con más de seis décadas de historia, 230 trabajadores y un reconocido compromiso con el cuidado de los cántabros ”. Criticó duramente a la oposición por su actitud: «Le aconsejo que deje de utilizar una institución tan ejemplar y tan querida. Su doble apesta moral», afirmó dirigiéndose al grupo socialista, a quien acusó de «ensuciar el debate sanitario».
La presidenta contraponió la gestión actual con la del anterior Ejecutivo PRC-PSOE, destacando que “ hoy el transporte sanitario funciona, se han recuperado los programas de cribado, se han abordado los problemas de personal, y las listas de espera, que antes no paraban de crecer, ahora están bajando ”. A su juicio, la sanidad pública cántabra “vive uno de los momentos de mayor inversión y actividad asistencial de los últimos años”.
En ese sentido, Buruaga reivindicó que su Gobierno ha destinado 136 millones de euros más a la sanidad respecto a 2023 , y que dicho incremento podría haber sido aún mayor “si el grupo socialista no hubiera rechazado el presupuesto de 2026”, que contemplaba “otros 98 millones adicionales para reforzar los servicios públicos de salud”.
“La diferencia es clara: mientras algunos utilizan la sanidad para embarrar y dividir, nosotros planificamos y gestionamos con rigor, destinando más recursos que nunca”, concluyó la presidenta cántabra entre los aplausos de su bancada.
