El médico que fue agredido en mayo de 2022 en el centro de salud Los Castros de Santander ha narrado este martes ante la Audiencia Provincial de Cantabria las importantes secuelas que arrastra desde aquel episodio. Ha explicado que perdió gran parte de la visión del ojo derecho y que sufre desde entonces un cuadro de estrés postraumático “bastante potente” que le ha obligado a cambiar de destino, reducir su jornada laboral a la mitad y recibir tratamiento psiquiátrico intensivo.
Durante su declaración, el facultativo reconoció que, pese a la medicación y las terapias a las que sigue sometiéndose, apenas logra dormir más de cuatro horas seguidas. “Me despierto empapado en sudor, con un dolor torácico que es puro ansiedad”, explicó, añadiendo que no ha sido capaz de volver a acercarse al centro de salud donde se produjo la agresión. “En el trabajo, a veces necesito atención médica solo con oír que alguien alza la voz en otra consulta”, añadió visiblemente afectado.
El acusado, que tenía 18 años en el momento de los hechos, se enfrenta a una petición de 13 años de prisión por parte de la Fiscalía y las acusaciones particulares por delitos de lesiones y atentado contra la autoridad, al estar considerados los sanitarios como tales. En su testimonio, el joven admitió haber propinado “un cabezazo” al médico pero alegó que fue en defensa propia, asegurando que el doctor le había golpeado antes cuando él intentaba grabar un vídeo para denunciar que “no querían atenderle”.
En el centro sanitario también se encontraba su madre, que acudió con él a consulta y que está acusada de un delito leve de amenazas. Algunos testigos la sitúan jaleando a su hijo durante la agresión y advirtiendo a los sanitarios con frases como: “No vais a salir de aquí” o “voy a quemar el centro con todos dentro”. En el juicio, la mujer negó estas acusaciones y respaldó la versión de su hijo, afirmando que los dos trabajadores sanitarios “salieron a pegarle”, uno de ellos —según dijo— “con un hierro en la mano”.
Además de las penas de cárcel y las indemnizaciones solicitadas por los daños físicos y morales causados al médico y a un celador que también fue agredido, las acusaciones han reclamado que la responsabilidad civil subsidiaria recaiga en el Servicio Cántabro de Salud (SCS). Argumentan que en el momento del ataque el ambulatorio “carecía de medidas de seguridad adecuadas”, sin cámaras ni personal de vigilancia, medidas que se habrían implantado tiempo después.
“Teníamos un Plan de Prevención ante Incidentes Violentos, pero era mera teoría, no se llegó a aplicar hasta mucho después”, señalaron los representantes de la acusación, entre ellos la Fiscalía, los letrados de las víctimas y del Colegio de Médicos de Cantabria, que ejerce la acusación popular.
Aunque no compareció ningún representante legal del Servicio Cántabro de Salud a pesar de haber sido citado, sí lo hizo la abogada del Gobierno de Cantabria. La letrada defendió que el citado plan no tenía rango de ley y que, en el momento de la agresión, las medidas de control exigidas “no eran de carácter obligatorio”.
