Cantabria registró el pasado año un total de 6.851 accidentes de trabajo con baja, de los cuales 5.990 ocurrieron en el centro laboral y 861 durante los desplazamientos ‘in itinere’, según datos del último avance del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST) difundidos por UGT-Salud Laboral. La cifra representa un descenso del 4,7% —340 casos menos— en comparación con los 7.191 siniestros contabilizados en 2024.
El sindicato precisa que de todos los accidentes laborales con baja comunicados en 2025, 6.800 fueron de carácter leve, 45 graves y 6 mortales —dos en la industria, uno en la construcción y tres en el sector servicios—, todos ellos por debajo de los valores registrados el año anterior.
En el análisis por tipo de suceso, los accidentes dentro del centro de trabajo cayeron un 5,5%, con 353 casos menos (de 6.343 a 5.990), mientras que los producidos en desplazamiento aumentaron un 1,5%, con 13 siniestros más (de 848 a 861).
Desde UGT destacan que los algo más de 6.800 accidentes con baja de 2025 constituyen la cifra más baja de los últimos cuatro años, tras el repunte de 2022 —cuando se superaron los 9.000 debido a la contabilización de los contagios leves de Covid entre el personal sociosanitario— y dos ejercicios consecutivos, 2023 y 2024, por encima de los 7.000 casos.
La responsable de UGT-Salud Laboral en Cantabria, Lara Pérez Camino, valoró positivamente la reducción, que, a su juicio, “confirma un cambio de tendencia después de años de incremento continuado desde 2014”. No obstante, subrayó que “detrás de las estadísticas hay personas cuyas vidas, y las de sus familias, se ven afectadas o incluso truncadas por unos accidentes que en la mayoría de los casos son evitables si existiese un compromiso real con la seguridad y la salud en los centros de trabajo”.
Infradeclaración de enfermedades profesionales
Pérez Camino advirtió también sobre la infradeclaración de accidentes y enfermedades profesionales, especialmente los vinculados a problemas de salud mental y trastornos psicosociales. “No reconocer su origen laboral impide adoptar medidas preventivas adecuadas en las empresas”, explicó.
Agregó que esta falta de reconocimiento supone además “un elevado coste no solo para los trabajadores afectados, que ven limitado su acceso a las prestaciones, sino también para el sistema público de salud, que asume unos gastos que deberían ser cubiertos por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social”.
La dirigente sindical insistió en la necesidad de reforzar la cultura preventiva en todos los ámbitos laborales: “La seguridad y la vida de las personas trabajadoras deben situarse por encima de cualquier otra consideración, y para ello es esencial la implicación de todos los agentes sociales y empresariales”.
