El Gobierno de Cantabria ha dado a conocer los primeros detalles del polémico convenio plurianual con el Hospital Santa Clotilde, un contrato de colaboración público-privada valorado en 216 millones de euros que se extenderá inicialmente durante 16 años, con posibilidad de prórroga hasta los 20 años. Este acuerdo supone un cambio significativo en la gestión de servicios sanitarios en la comunidad autónoma, dado que implica la derivación de diversos servicios asistenciales públicos al mencionado hospital privado religioso, gestionado por la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, que será financiado con fondos íntegramente públicos provenientes del Servicio Cántabro de Salud (SCS).
Entre los servicios que pasarán a gestionarse desde el Hospital Santa Clotilde se encuentran no solo la atención hospitalaria y ambulatoria, sino también programas clave de cribado para la detección precoz de cáncer de mama y de colon. Asimismo, el convenio incorpora servicios relacionados con cuidados paliativos, geriatría, rehabilitación, cirugía y diagnóstico, áreas prioritarias que el Ejecutivo autonómico ha señalado como fundamentales para mejorar la capacidad asistencial frente a los desafíos demográficos y la presión generada por las listas de espera en el sistema público. Estas derivaciones forman parte de lo que el Gobierno denomina una “colaboración estructural” que busca optimizar recursos y reforzar la respuesta del sistema sanitario cántabro.
El consejero de Salud, César Pascual, ha defendido la transparencia y el rigor de este acuerdo, afirmando que se establecen mecanismos claros de seguimiento, evaluación y penalización en caso de incumplimientos por parte del hospital, así como garantías de equidad en el acceso a los servicios y gratuidad para los pacientes derivados. Desde el Ejecutivo se insiste en que la iniciativa garantiza el cumplimiento estricto de los derechos sanitarios y de protección de datos personales, intentando disipar las críticas recibidas por parte de la oposición. Además, se subraya que esta colaboración público-privada no solo permitirá reforzar la asistencia sanitaria, sino también aliviar la carga sobre los recursos y personal del sistema público.
Sin embargo, la oposición política no ha dudado en calificar este convenio como un “pelotazo sanitario” que supone, a su juicio, “una privatización encubierta” y una forma de “cacicada legal” que, lejos de beneficiar a la ciudadanía, perjudica la sanidad pública en favor de intereses privados vinculados a un hospital con gestión religiosa. Desde partidos como el PSOE, Izquierda Unida y Cantabristas, se han manifestado firmes opositores a esta estrategia, denunciando que la falta de transparencia en las condiciones y alcance de los servicios que se transferirán genera incertidumbre y rechazo social. De hecho, el acuerdo fue inicialmente aprobado sin que se ofrecieran detalles precisos en la nota de prensa del Consejo de Gobierno del pasado 9 de octubre, circunstancia que aumentó la polémica y las protestas.
El propio consejero Pascual, en su defensa pública, ha acusado a los críticos de difundir bulos y desinformación sobre el alcance y objetivos del convenio, aunque en paralelo ha confirmado la firme voluntad del Gobierno de seguir adelante con esta línea de trabajo. En la declaración institucional posterior a la reunión del Ejecutivo, se ha explicado que esta alianza con el Hospital Santa Clotilde no solo sustituyó los contratos de prestación de servicios quirúrgicos y de hospitalización de media y larga estancia existentes, sino que fortalecerá el Plan Integral de Listas de Espera, ayudando a reducir tiempos de espera y a mejorar la atención a pacientes con necesidades específicas.
El acuerdo supone una dotación anual protocolaria de 15,9 millones de euros abonados directamente por el SCS, que se suman a las inversiones del propio hospital para mantener los estándares de calidad y cumplir con los requisitos legales y asistenciales que el convenio establece. Además, el Ejecutivo autonómico afirmó que esta colaboración permitirá aprovechar mejor las capacidades asistenciales existentes en el hospital privado sin detrimento del sistema público, bajo un modelo de gestión que, según sus promotores, es habitual en otras comunidades autónomas y responde a las demandas de eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario.
Paralelamente, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto que regula el uso de la marca diferenciada ‘Sabe a Norte’, enfocada en la capacidad agroalimentaria sostenible de Cantabria, mostrando así una apuesta generalizada del Ejecutivo por la modernización y colaboración entre sectores. También se avaló el encargo del Plan de Gestión del Lobo y diversas actuaciones en ámbitos ambientales y rurales, demostrando una estrategia integral de políticas públicas.
La relevancia de este convenio sanitario no solo recae en su cuantía económica y en la duración prevista, sino en el impacto que puede tener en la estructura del sistema sanitario cántabro, generando un debate abierto sobre el modelo de gestión pública frente a la implicación del sector privado religioso en servicios clave. La incertidumbre sobre cómo se plasmará realmente esta cooperación y cuáles serán las consecuencias prácticas para pacientes, profesionales y centros sanitarios públicos es motivo de un seguimiento cercano tanto en los medios como en el Parlamento de Cantabria, donde se espera que las fuerzas políticas debatan intensamente esta cuestión en los próximos meses.
En definitiva, este convenio que vincula al Hospital Santa Clotilde con el Servicio Cántabro de Salud establece un nuevo esquema de prestación sanitaria, bajo la justificación del Ejecutivo de la necesidad de reforzarse ante retos como el envejecimiento poblacional y el aumento de la demanda, mientras que la oposición alerta sobre los riesgos de privatización y pérdida de control público. La gestión, transparencia y resultados de este acuerdo serán, sin duda, elementos clave para valorar su éxito o fracaso en el futuro próximo.
