El magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid comenzará este miércoles las primeras declaraciones en el marco del llamado ‘caso Leire Díez’. Los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda acudirán como testigos después de haber denunciado presuntos intentos de soborno por parte de la exmilitante socialista, a la que el juez investiga por posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias.
La citación se suma a la del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, actualmente investigado en el ‘caso Koldo’, que deberá testificar sobre si Díez le habría ofrecido favores y protección judicial a cambio de información interna del Instituto Armado.
Las denuncias de los fiscales, que formaron parte de investigaciones de alto perfil como los casos Villarejo y 3%, fueron incorporadas al procedimiento tras ser presentadas ante la Fiscalía. Stampa relató que mantuvo una reunión el pasado 7 de mayo con Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado, durante la que ambos insinuaron que existía una “orden de limpiar sin límites” emitida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocerse la imputación judicial de su esposa, Begoña Gómez.
Según su versión, la reunión no tuvo el carácter de una disculpa institucional, como se le había prometido, sino de un intento de obtener información sobre presuntas irregularidades cometidas por fiscales y jueces vinculados a Anticorrupción. Stampa explicó que no accedió a facilitar ningún dato y que sus interlocutores buscaban obtener material que comprometiera a los fiscales Alejandro Luzón y José Grinda o al magistrado Manuel García Castellón.
Por su parte, el fiscal Grinda denunció que un periodista, Pere Rusiñol, le habría ofrecido un soborno “avalado por las más altas instituciones” en nombre de una mujer identificada como “Leire”, con el propósito de que archivara varias causas de corrupción, entre ellas los casos Pujol, 3%, Banca Privada de Andorra y Banco de Madrid. A cambio, le prometían un destino en el extranjero y apoyo judicial para frenar una demanda en su contra.
Grinda sostuvo que esa oferta le fue planteada durante una reunión con Rusiñol en febrero y que el periodista, a quien consideraba un amigo, actuó como intermediario de terceras personas. Afirmó también que se le pidió mantener todo “en la más estricta confidencialidad” y sin informar a la Fiscalía General del Estado.
En otro frente, el comandante Villalba fue citado tras una denuncia del colectivo Hazte Oír, que asegura que Díez le ofreció un puesto en la Dirección General de la Guardia Civil y respaldo judicial, a cambio de filtrar información sensible destinada a “desacreditar” al cuerpo y detener investigaciones que afectaban al PSOE.
Los tres investigados —Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Pere Rusiñol— deberán comparecer el próximo 11 de noviembre por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. La causa se abrió después de que salieran a la luz grabaciones en las que se escuchaba a Díez ofrecer favores a cambio de información comprometedora sobre miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Fiscalía Anticorrupción.
El Ministerio Público y el juez instructor consideran que Díez habría liderado una actuación “coordinada y continuada” junto a Pérez Dolset y Rusiñol, con el fin de obtener datos que pudieran servir para interferir o debilitar las investigaciones abiertas sobre casos de corrupción que afectan a políticos y empresarios de relevancia nacional.
