El Pleno del Parlamento de Cantabria ha rechazado una proposición no de ley del Grupo Vox que planteaba una amplia batería de rebajas fiscales destinadas a reducir el coste sobre la adquisición de la primera vivienda. La iniciativa, que fue apoyada únicamente por el diputado no adscrito Cristóbal Palacio, no logró el respaldo de ningún otro grupo parlamentario, al ser rechazada por PP, PRC y PSOE, que coincidieron en calificar las medidas de “poco realistas y carentes de eficacia”.
El texto proponía la supresión de varios tributos vinculados a la compra o transmisión de una vivienda habitual con el fin de “aliviar la presión fiscal” sobre los ciudadanos. Entre las medidas figuran la eliminación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre el Patrimonio en casos de primera vivienda, la recuperación de la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF, la reducción al tipo mínimo en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y la bonificación del 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Vox también reclamaba aplicar una bonificación del 99% en Sucesiones y Donaciones hasta su derogación a nivel estatal.
Durante su intervención, el diputado de Vox Armando Blanco criticó que “las administraciones han renunciado a su obligación de garantizar el derecho a una vivienda digna”, y acusó a los partidos tradicionales de “hacer negocio” con un bien de primera necesidad. Blanco lamentó que “los cántabros podrían acceder a una vivienda hasta un 30% más barata si se aplicara esta rebaja fiscal” y reprochó al PP y al PRC “no hacer nada por aliviar la carga de los ciudadanos pese a sus críticas al Gobierno central”. “El PP ya no defiende lo que defendía. Sus políticas fiscales son idénticas a las del PSOE y hoy son igual de socialistas que Pedro Sánchez”, zanjó.
La propuesta, sin embargo, fue rechazada de plano por el resto de la Cámara. El diputado popular Juan José Alonso sostuvo que la iniciativa “carece de realismo” y recordó que el Gobierno autonómico ya está trabajando en una Ley de Vivienda “necesaria y urgente para garantizar el acceso a un hogar digno frente a las irresponsables políticas de Sánchez”. Alonso criticó además la vinculación que Vox hizo entre la crisis de vivienda y la inmigración, subrayando que “utilizar afirmaciones tan desafortunadas para explicar un problema tan complejo muestra la falta de seriedad de quien aspira a gobernar”.
En la misma línea, la socialista Norak Cruz respondió con datos del Consejo General del Notariado, indicando que en el primer semestre de 2025 las compras de vivienda en España estuvieron lideradas por ciudadanos británicos. “Me temo que esos no son los inmigrantes a los que se refiere Vox”, ironizó la diputada, que tachó de “populista y simplista” el discurso del partido de ultraderecha.
Desde las filas regionalistas, Javier López Estrada recordó que “ningún ciudadano rechazaría una bajada de impuestos si no se explican las consecuencias”, pero alertó de que la eliminación de tributos afectaría directamente a los servicios públicos. “Cuando se ahonda en el debate y uno comprende qué implica dejar de pagar, la respuesta cambia. Los impuestos son el sustento de los servicios esenciales que pedimos todos”, manifestó el portavoz del PRC.
La sesión plenaria también estuvo marcada por varios asuntos de relevancia autonómica. Entre ellos, el consejero de Fomento, Vivienda y Medio Ambiente, Roberto Media (PP), informó de que el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) estará listo para su aprobación inicial en el primer trimestre de 2026. Los trabajos de redacción están ya en su última fase, tras incorporar las aportaciones sectoriales de las consejerías implicadas y antes de su envío a la CROTU para la revisión técnica preceptiva.
El PSOE reprochó al Ejecutivo autonómico su “retraso” en la tramitación de este documento estratégico, al que acusó de “no tomarse en serio”, mientras Media defendió su gestión admitiendo un retraso de “dos o tres meses”, que contrapuso irónicamente a los “más de 15 años que el PRC y el PSOE tardaron cuando estaban al frente de las mismas competencias”.
En otro punto del orden del día, todos los grupos de la Cámara, salvo el PP, respaldaron una proposición no de ley del PRC para que el Gobierno de Cantabria convoque antes de diciembre a las mujeres a quienes se les han practicado mamografías y requieren pruebas adicionales. La iniciativa aprobada incluye un plan de choque dotado con cinco millones de euros para 2026, la unificación del sistema informático de radiología y la ampliación del cribado a mujeres de entre 45 y 74 años, conforme a las directrices europeas.
Por último, el Parlamento aprobó por unanimidad una moción impulsada por el PRC que exige al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que el tren rápido entre Santander y Bilbao mantenga su trazado completo y no se limite al tramo hasta Castro Urdiales. La Cámara mostró su rechazo a la “reformulación” del proyecto ferroviario y reclamó que se garantice la conexión integral de viajeros y mercancías entre ambas capitales.
En paralelo, los socialistas no lograron sacar adelante su proposición sobre el convenio con el Hospital Santa Clotilde, que pedía su paralización. PRC y Vox, pese a haber propuesto enmiendas, se abstuvieron tras su rechazo por parte del PSOE, mientras el PP defendió que el acuerdo se ajusta a la colaboración histórica entre la sanidad pública y los centros privados en la comunidad.
