Cantabristas ha solicitado la suspensión inmediata del proceso de autorización de la planta de biogás prevista en Hazas de Cesto, al considerar que la tramitación acumula deficiencias jurídicas de gran calado y puede estar abocada a la nulidad. La formación ha presentado nuevas alegaciones en las que advierte que el procedimiento no debe continuar, ya que la validez del acto habilitante fundamental —la Declaración de Interés Social firmada en 2021— está actualmente pendiente de resolución ante los tribunales, tras ser impugnada por el propio partido junto a vecinos afectados. Según sostienen, sin una decisión judicial firme, cualquier avance administrativo podría resultar posteriormente inválido, con el consiguiente riesgo de nulidad de todas las actuaciones posteriores.
Más allá del conflicto judicial, las alegaciones de Cantabristas insisten en errores graves de forma y en la falta de correspondencia entre los titulares de los diferentes permisos clave para el desarrollo del proyecto. Señalan que la autorización ambiental fue concedida a Verdalia Bio Hazas S.L.U., mientras que el trámite urbanístico recae en otra entidad, Biofertilizante Green Grass S.L. Esta discrepancia, explican, vulnera el principio de unidad del promotor, considerado esencial por la normativa actual, por lo que consideran que se incurre en un defecto insubsanable que debería llevar a la paralización del expediente.
El contexto no es ajeno a la polémica social y política que ha rodeado la gran planta desde el inicio del procedimiento. El proyecto, que afecta a varias parcelas de suelo rústico y prevé una inversión de cerca de 30 millones de euros, ya recibió en julio la Declaración de Impacto Ambiental favorable tras una revisión exhaustiva por parte de la Administración autonómica. Sin embargo, la oposición municipal y varios colectivos vecinales y ecologistas han expresado públicamente su rechazo, llegando a plantear más de mil seiscientas alegaciones en distintas fases del proceso y reclamando mayores garantías sobre los efectos para la salud, el entorno rural y el modelo productivo de la comunidad. Entre las principales preocupaciones señalan los riesgos para el agua y los suelos, el incremento del tráfico pesado o las dudas sobre la idoneidad de grandes macroplantas frente a alternativas descentralizadas.
Sobre este trasfondo, Cantabristas exige que la Administración respete el principio de precaución y suspenda cualquier avance en la tramitación del expediente hasta que se resuelva la legalidad de los pasos clave. La formación advierte de que permitir la continuidad del procedimiento en estas condiciones podría desembocar en una nulidad global del proyecto y abogan por buscar alternativas más acordes a un modelo de gestión de residuos adaptado a las necesidades y realidades la comunidad autónoma.
