El Pleno del Parlamento de Cantabria celebró este lunes una sesión en la que se abordaron cuestiones clave para el desarrollo territorial y económico de la región, con debates centrados en vivienda, energía eólica, fiscalidad y agricultura. El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, detalló varios proyectos en marcha y defendió la gestión del Ejecutivo, mientras los grupos de la oposición reclamaron mayor agilidad en la ejecución de planes y mayor transparencia en las políticas de suelo.
Entre los asuntos destacados, Media confirmó que el Gobierno regional mantiene su compromiso con el desarrollo de las 250 viviendas proyectadas en El Campón de Peñacastillo —doscientas de ellas con régimen de protección oficial— y aseguró que el proyecto está avanzando “de la mano del Ayuntamiento de Santander”. El consejero explicó que los técnicos municipales han presentado un informe de 22 páginas con propuestas para ajustar el plan urbanístico y que “se está trabajando en las modificaciones necesarias para su aprobación definitiva”.
No obstante, el Grupo Regionalista, a través del diputado Pedro Hernando, cuestionó el ritmo del proyecto y criticó la falta de información pública sobre su evolución. “Más que trabajar codo con codo, parece que están a codazos”, replicó Hernando, señalando que el documento técnico identifica “deficiencias urbanas” que, a su juicio, complican su tramitación.
Media también defendió el impacto positivo de la modificación de la Ley del Suelo aprobada en 2023, que —según datos de la Consejería— ha permitido la apertura de 52 nuevas instalaciones de turismo rural, de las cuales 37 provienen de rehabilitaciones y 15 son de nueva construcción. Esta flexibilización normativa, añadió, ha beneficiado a municipios del entorno pasiego, como San Roque de Riomiera, que concentra ocho de esas instalaciones. Además, se han autorizado ocho nuevos proyectos artesanales en municipios como Cabezón de Liébana, Meruelo, Selaya o Villacarriedo.
El consejero recordó que la Ley del Suelo está contribuyendo “a fijar población en las zonas rurales y generar riqueza local”, favoreciendo la rehabilitación y la creación de pequeñas empresas. Sin embargo, el portavoz del PSOE, Mario Iglesias, advirtió de que este modelo “no asegura población estable” y acusó al Gobierno de fomentar un “crecimiento turístico desordenado” más ligado al ocio que a la recuperación demográfica.
Otro de los temas con mayor consenso fue la propuesta del PRC para que el Parlamento autonómico inste al Gobierno a oponerse al desarrollo del parque eólico Briesa, que se ubicaría en Burgos pero cuya red eléctrica atravesaría siete municipios cántabros, entre ellos Vega de Pas, Penagos y Villaescusa. La moción regionalista recibió el apoyo del PSOE y Vox, mientras que el PP se abstuvo, argumentando que esperará al informe técnico definitivo tras analizar las más de 5.000 alegaciones presentadas.
El PRC y el PSOE coincidieron en que el proyecto no aporta beneficios para Cantabria y supone un “impacto ambiental severo” sobre zonas incluidas en la Red Natura 2000 y áreas de especial conservación. Vox también expresó su rechazo, calificando el parque como una “cicatriz de alta tensión” y una forma de “colonialismo energético” que perjudica a la comunidad.
Por otro lado, el pleno aprobó —por unanimidad— una proposición regionalista para agilizar las ayudas a agricultores y ganaderos, especialmente las vinculadas a la producción ecológica y al adelanto de la Política Agraria Común (PAC). La medida busca garantizar que las subvenciones se abonen antes del 31 de diciembre.
El debate estuvo acompañado de duras críticas de la oposición por los retrasos en el pago de las ayudas al sector de la patata en Valderredible y por la falta de fechas concretas para los anticipos de la PAC. Vox denunció “un caos administrativo” en la gestión agraria y reclamó una profunda reforma para “acabar con la burocracia que asfixia a las explotaciones”.
Finalmente, el Parlamento dio luz verde a una proposición de Vox, apoyada por PRC y PP, para pedir al Gobierno de España la reducción del IVA del pescado del 10 al 4%, con el fin de apoyar al sector pesquero y fomentar el consumo nacional. La propuesta, sin embargo, contó con la abstención del PSOE, que defendió la necesidad de un análisis más profundo del impacto fiscal.
Durante el debate, los diputados coincidieron en poner en valor la importancia de la pesca artesanal y el papel estratégico de los puertos cántabros, mientras que el PP destacó los avances logrados en infraestructuras portuarias y la intención de mantener el apoyo financiero al sector pesquero local.
La jornada parlamentaria se cerró con un tono de fuerte confrontación política, pero con varios puntos de acuerdo técnico en torno a la vivienda protegida, el desarrollo rural y la defensa de los intereses de Cantabria en materia energética y pesquera.
