El Pleno del Parlamento de Cantabria celebró una sesión de gran intensidad y relevancia, donde se aprobaron medidas fundamentales para la gestión de las viviendas turísticas y el control de los salones de juego en la comunidad, todo ello en un contexto de alta demanda social y preocupación política sobre estos fenómenos urbanos y su impacto en la vida cotidiana.
Uno de los puntos centrales fue la propuesta del PRC para reforzar la vigilancia sobre las viviendas de uso turístico (VUT), que recibió el respaldo unánime de los grupos parlamentarios. La iniciativa establece la creación de un ‘Mapa de riesgo VUT’ por municipios, con un índice que permita identificar la concentración y los riesgos asociados a la proliferación de viviendas turísticas. Además, se exige a las plataformas de alquiler que verifiquen y publiquen el número de licencia autonómica en cada anuncio y se impulsa la coordinación interadministrativa entre el registro autonómico, estatal y local para mejorar la identificación de alojamientos sin permiso. El acuerdo también prevé inspecciones periódicas y recursos humanos y tecnológicos específicos para la Consejería y los ayuntamientos, con la intención de llevar a cabo comprobaciones en seis meses. Finalmente, se plantea un plan de incentivos para incorporar viviendas vacías al alquiler residencial estable y se reclama actualizar el registro turístico de forma continua.
El impacto de las VUT en la comunidad es motivo de debate desde hace años. Tanto desde el PRC como desde el PSOE se alertó del riesgo que supone que grandes empresas y fondos de inversión puedan acaparar la titularidad de estas viviendas, una situación que consideran que puede transformar radicalmente el tejido social y alterar la paz y la convivencia en los barrios. El propio decreto elaborado por el Gobierno del PP fue criticado por crear inseguridad jurídica y trasladar demasiada responsabilidad a los ayuntamientos, lo que podría derivar en 102 normativas distintas según el municipio. Por su parte, el PP defendió que el porcentaje de VUT no supera el 2% del total de viviendas y destacó que buscan “ordenar, no prohibir”, justificando además la titularidad empresarial por dictamen jurídico.
En paralelo, el Parlamento aprobó otra iniciativa de Vox, también con consenso, para que el Gobierno autonómico realice un mapa exhaustivo de los salones de juego y estudie la concentración y distancia entre estos locales, especialmente en relación a centros educativos y de salud mental. Esta preocupación fue compartida ampliamente y, a petición socialista, se aprobó la elaboración de un informe integral para evaluar la eficacia de las políticas preventivas, de detección temprana y tratamiento de la adicción al juego. Todos los grupos coincidieron en señalar que la ludopatía se ha convertido en un problema social, especialmente entre los más jóvenes, y la necesidad de intensificar medidas de sensibilización y control.
El debate se amplió a otros asuntos como el futuro del vertedero de amianto proyectado en Castañeda. La Cámara instó al Ejecutivo a buscar una ubicación más alejada de la población para el almacenamiento de este material, procedente del desmantelamiento de la Residencia, y garantizar el cumplimiento estricto de todos los requisitos legales para evitar riesgos para la salud pública. Aquí, la confrontación entre el PP y los grupos de la oposición fue muy marcada, con intervención de técnicos y referencias a la legalidad del proyecto y su impacto en la comunidad.
Igualmente, se trató la ejecución y transparencia de los fondos europeos, donde la oposición unió fuerzas para exigir que en el plazo de un mes el Gobierno remita al Parlamento un plan de seguimiento de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resilencia (MMR). La preocupación por el bajo nivel de ejecución y la necesidad de controles trimestrales fue compartida por PSOE, PRC y Vox, quienes apelaron a la responsabilidad y la colaboración institucional.
A lo largo de la jornada, el pleno abordó interpelaciones sobre la gestión de terrenos industriales y energéticos en Torrelavega, la planificación eólica en la comunidad en relación con proyectos de otras autonomías, el refuerzo de los programas de detección precoz del cáncer de mama y los compromisos retributivos del sector médico ligados al presupuesto de 2026. El Grupo Socialista también preguntó sobre el calendario escolar y el estado de obras viales como la carretera CA-500 entre Laredo y Seña.
El debate parlamentario reflejó la pluralidad de voces y la exigencia social de transparencia, planificación territorial y participación ciudadana. Quedó patente la voluntad política de fortalecer mecanismos de vigilancia y control ante problemas emergentes en vivienda, juego y salud pública, así como la necesidad de consensos transversales para gestionar los recursos europeos y los grandes retos urbanos y medioambientales de Cantabria. La sesión, en definitiva, mostró una comunidad activa, preocupada por preservar su identidad y avanzar en modelos de gobernanza que prioricen el bienestar colectivo.
