La sesión plenaria celebrada ayer en el Parlamento de Cantabria fue especialmente intensa y polifacética, reflejando la tensión política en la autonomía y el amplio abanico de cuestiones de actualidad. El punto más mediático lo protagonizó la proposición no de ley del PP para exigir el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, apoyada por PRC y Vox y rechazada por el PSOE. El motivo fue la deficiente gestión de los dispositivos telemáticos para agresores machistas tras la reciente polémica por los fallos en las pulseras antimaltrato, con duros reproches por negligencia y peticiones de transparencia y transformación del sistema de protección. Los socialistas salieron en defensa de la ministra y reivindicaron las medidas de refuerzo y modernización anunciadas para el sistema nacional.
En el plano internacional, la moción socialista —respaldada por el PRC y tumbada por PP y Vox— para condenar el «genocidio» en Gaza y el reconocimiento estatal de Palestina abrió un debate con tintes emocionales y de fondo diplomático. Mientras PSOE y PRC defendieron la iniciativa como cuestión de humanidad y defensa de los derechos, PP y Vox denunciaron el uso electoralista y la instrumentalización del Parlamento para cuestiones de política exterior, acusando al PSOE central de desviar la atención de temas nacionales y de crear «cortinas de humo» para eludir la corrupción y la crisis gubernamental. El intercambio incluyó llamadas a la responsabilidad, condena de los atentados de Hamás y acusaciones sobre la gestión del Gobierno español ante el conflicto de Oriente Medio.
La preocupación sanitaria volvió al centro del hemiciclo con la propuesta de los grupos de oposición para reclamar la convocatoria de todas las plazas MIR ofertadas en la especialidad de Urgencias y Emergencias el próximo año, compensar las no convocadas en 2026 y sumar plazas en Pediatría y Medicina Familiar. PSOE, PRC y Vox aprobaron la moción y urgieron al Gobierno regional a escuchar a los profesionales, mientras el PP se mantuvo en el no, señalando que priorizar otras especialidades es un mandato ministerial y alegando que la decisión fue fruto del rigor administrativo. Persistieron las denuncias por la falta de médicos y los posibles retrasos en la formación y prestación sanitaria, en un debate que evidenció el desgaste de la gestión sanitaria cántabra.
El proyecto de macroplanta de biogás en Hazas de Cesto volvió a levantar polémica. Una moción aprobada por la oposición —con el voto en contra del PP— exigió la paralización de la autorización ambiental, mientras no se analicen las más de 10.000 alegaciones presentadas y se garantice un estudio técnico objetivo sobre la necesidad real y el impacto del proyecto. PRC, PSOE y Vox insistieron en los posibles riesgos para la salud, el medio ambiente y la estructura social de Trasmiera, mientras el Gobierno regional argumentó que la paralización sería contraria a la norma y defendió la minimización de los efectos respecto al proyecto original. Hubo reproches cruzados sobre la transparencia y el papel del Ejecutivo anterior en la gestación del proyecto, con avisos sobre el transporte, el volumen de residuos y la preservación de enclaves como la cueva de La Garma.
Educación se sumó al debate con la proposición para que los centros mantengan abiertas sus instalaciones comunes más allá del horario lectivo, promovida por Vox y enmendada por el PSOE. La medida, aprobada con el rechazo del PP, pretende favorecer la conciliación y el uso eficiente de bibliotecas, patios y gimnasios durante todo el curso. El PP quiso matizar la propuesta, señalando que muchos colegios y institutos cántabros ya abren fuera del horario escolar y pedir un análisis previo antes de generalizar la medida. PRC apoyó limitar la ampliación de horario y abogó por reducir la jornada laboral de las familias para mejorar la conciliación, reprochando a Vox su rechazo a la ley de reducción de jornada impulsada desde el Congreso.
El pleno tuvo otro momento de tensión con el debate fiscal, cuestionando la ejecución de fondos europeos. El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, detalló que Cantabria ha ejecutado el 63,5% de los fondos MRR, algo menos que la media nacional, y respondió a las críticas socialistas sobre posibles pérdidas de recursos como los ligados al litio verde en Torrelavega. Agüeros matizó las cifras y pidió evitar el alarmismo, recordando la necesidad de rigor ante las dudas de la Intervención General sobre parte de los fondos REACT-EU.
Por su parte, el consejero de Empleo, Eduardo Arasti, defendió el Plan de Apoyo al Empleo Autónomo frente a las críticas de Vox por el gasto y la supuesta ineficacia. Arasti subrayó el impacto positivo en la regularización de más de 300 falsos autónomos este año y la mejora del paro en la comunidad, afirmando que la tendencia de pérdida de autónomos se ha frenado, aunque persisten las diferencias sobre el modelo de apoyo y su viabilidad en el tiempo. Vox insistió en que el plan favorece el despilfarro y la foto política sin atender a los autónomos veteranos.
Las inversiones turísticas en Liébana también pasaron por el pleno. El consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, anunció la inminente licitación de las obras de reforma integral en el Hotel Áliva y la renovación del Teleférico de Fuente Dé para hacer frente a la demanda de visitantes y mejorar la eficiencia energética y las comunicaciones en la zona, con un calendario que se extiende entre 2026 y 2028. El plan incluye la actualización de la envolvente de los edificios, la hostelería y las campañas geotécnicas para desarrollar nuevos proyectos y aparcamientos cubiertos.
El Parlamento rechazó cambiar las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a Protección Civil, emergencias y policías locales, desestimando la propuesta de PRC y PSOE para especializar las ayudas según el tipo de equipamiento y los recursos de los municipios. PP y Vox defendieron una planificación previa y la realización de un estudio de necesidades como condición para cualquier cambio presupuestario, bloqueando así los intentos de aumentar y diversificar las partidas para equipamiento y respuesta en emergencias locales.
La presidenta, María José Sáenz de Buruaga, respondió a las interpelaciones habituales sobre fondos europeos, política fiscal y las inversiones en comunicación y litio verde en Torrelavega, ofreciendo garantías de avanzar con los proyectos de reforma, conectividad y mejora de instalaciones turísticas en Picos de Europa.
La sesión finalizó con el debate sobre los servicios públicos, la atención psicológica en Primaria, las inversiones de Cantur en Liébana y la gestión energética para el proyecto Altamira. La pluralidad de temas, la intensidad de las posturas y los reproches cruzados entre grupos dibujaron una jornada clave en la agenda legislativa de la comunidad, marcada por la disputa de modelos y la pugna sobre el modo de avanzar en los grandes retos del presente y el futuro cántabro.
