La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, acompañada por el consejero de Vivienda, Roberto Media, ha presentado el jueves el innovador proyecto de Ley de Vivienda de la comunidad, que ya fue aprobado por el Consejo de Gobierno y enviado al Parlamento para su tramitación. Esta nueva ley responde a un problema acuciante en la región: la difícil accesibilidad a una vivienda digna, debida al aumento de precios, la escasez de oferta y la inseguridad jurídica derivada de la ocupación ilegal. Por ello, la norma tiene como objetivos principales aumentar la vivienda disponible tanto para compra como para alquiler, simplificar los trámites administrativos, proteger a los propietarios ante ocupaciones ilegales y atender a colectivos en situación de emergencia habitacional.
Entre las medidas más destacadas se contempla la movilización del parque de viviendas vacías, estimado en unas 50.000 unidades, con incentivos a propietarios para su cesión al mercado. La ley incorpora facilidades para la promoción de vivienda protegida y fomenta modelos innovadores como el coliving y el cohousing, que permiten diversificar el acceso en función de las nuevas realidades sociales y económicas. A esto se suma la creación de una Oficina de Apoyo a Víctimas de Ocupación que ofrecerá asistencia jurídica gratuita y protocolos ágiles para desalojos inmediatos de ocupaciones flagrantes, garantizando el balance entre protección social y seguridad jurídica, siempre procurando opciones habitacionales alternativas para personas en vulnerabilidad real.
En el apartado fiscal, se incluyen reducciones impositivas para menores de 36 años, familias numerosas, discapacitados, y quienes vivan en municipios con riesgo de despoblamiento, fortaleciendo la política para jóvenes y sectores en riesgo de exclusión. El proyecto de ley también define rigurosamente el régimen del Parque Público de Vivienda, estableciendo precios máximos de alquiler y venta, duración de la protección y restricciones a la transmisión para evitar la desnaturalización del modelo social. Especial atención se da a la mejora de las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética, abriendo la puerta al desarrollo sostenible.
Uno de los rasgos inéditos es el fomento de la vivienda rural protegida y el Plan de Vivienda Rural, orientados a revitalizar núcleos con problemas demográficos. Esta línea prioriza incentivos económicos, cesión de suelo, fiscalidad favorable y rehabilitación urbanística, buscando dar respuesta al reto del despoblamiento y envejecimiento de la población. En materia de simplificación administrativa, se apuesta por la declaración responsable para agilizar la calificación de viviendas protegidas, sin renunciar a los controles técnicos y de calidad, lo que representa una modernización de los procesos públicos.
Así mismo, el Ejecutivo impulsa ayudas directas a la compra y alquiler, y avales de hasta el 20% para facilitar el acceso a hipotecas a personas de hasta 45 años, con medidas que entrarán en vigor a partir de 2026. Por último, la ley establece un régimen sancionador contundente, con multas de hasta 90.000 euros para quienes destinen viviendas protegidas a alquiler turístico. Tanto la presidenta como el consejero destacaron el consenso buscado con los grupos parlamentarios, confiando en que la norma prospere para afrontar con decisividad una cuestión crucial para el bienestar y futuro de todos los cántabros.
Este proyecto de Ley de Vivienda, según defendieron, es el reflejo de una gestión eficaz y leal que contrasta con la política estatal, cuyo modelo critican por favorecer incertidumbre y bloqueos que ponen en riesgo la estabilidad del mercado de alquiler. La presidenta Sáenz de Buruaga concluyó resaltando que se trata de una respuesta pionera en la comunidad, una iniciativa que transformará el acceso a la vivienda, dinamizará el tejido urbano y rural, y garantizará condiciones más justas y seguras para propietarios e inquilinos en Cantabria.
