El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha exigido al Gobierno de Cantabria que inicie de inmediato las negociaciones con el Estado para conseguir el traspaso de las competencias sobre el litoral. Según los regionalistas, esta medida es vital para reforzar el autogobierno de la región y garantizar que las políticas sobre el uso y gestión de las playas y costas se lleven a cabo con criterios propios, como ya ocurre en otras comunidades autónomas, a excepción de Cantabria, Asturias y Murcia.
Pedro Hernando, portavoz del PRC, ha reclamado con contundencia que el Ejecutivo cántabro pase de las palabras a la acción. «Que dejen de enviarse cartas, que preparen los informes, convoquen las comisiones y realicen los trabajos técnicos necesarios para darnos las competencias», afirmó, destacando que el Gobierno debe actuar con urgencia para que Cantabria no quede atrás respecto a otras autonomías.
El PRC defenderá el próximo lunes una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento, en la que urgirán al Ejecutivo a iniciar los contactos con el Ministerio de Política Territorial, en un proceso que comenzó con la carta de la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, enviada ayer. La diputada Paula Fernández también consideró que la reacción del Gobierno, que se produjo «dos semanas después» del registro de la iniciativa del PRC, no es casual. «El PRC obligó al Gobierno a moverse», afirmó, mientras que criticó la falta de avances en otras áreas como el traspaso de las competencias sobre aguas interiores o la autorización para captar agua del pantano del Ebro.
En cuanto al traspaso del litoral, Pedro Hernando subrayó que este es un tema de gran relevancia para Cantabria, dada la extensión de sus costas (284 kilómetros) y la importancia económica de los 25 municipios afectados, junto a los negocios y concesiones vinculados al uso de las playas. «¿Por qué tenemos que permitir que se regule el uso de nuestras playas desde Madrid? ¿Por qué no podemos gestionarlo nosotros?», se preguntó el portavoz regionalista, pidiendo al Gobierno que empiece a trabajar de inmediato para no seguir siendo una comunidad «menos que otras».
Hernando también hizo referencia a la negociación para la autorización del uso del agua del pantano del Ebro, criticando el limitado permiso obtenido por Cantabria frente a la cantidad de agua «garantizada» que otras comunidades, como Aragón, tienen para usos tanto de abastecimiento como para actividades industriales. «Cantabria no es menos que Aragón», insistió, apelando al Ejecutivo cántabro a ser más «reivindicativo» y a transformar los anuncios en acciones concretas para el bienestar de la región.
Con todo, los regionalistas mantienen su presión para que el Gobierno de Buruaga inicie ya las negociaciones sobre el litoral y otras competencias que, en su opinión, son fundamentales para el desarrollo y la autonomía de Cantabria.
