El Parlamento de Cantabria ha dado luz verde por unanimidad a una proposición no de ley para que el Gobierno autonómico impulse un segundo plan de mejora de la empleabilidad juvenil, al que se deberá dotar de los recursos necesarios y presentar antes de que finalice diciembre. La iniciativa, planteada por el PRC y enriquecida con aportaciones de PP y PSOE, recibió el respaldo de todos los grupos políticos.
Este nuevo plan deberá incluir acciones de formación, orientación laboral, fomento del primer empleo y apoyo al emprendimiento, con el objetivo de dar continuidad al anterior programa desarrollado entre 2021 y 2023, dotado con 79 millones de euros. A pesar del respaldo unánime, el debate parlamentario estuvo marcado por acusaciones cruzadas entre partidos.
El regionalista Javier López Marcano defendió la urgencia de actuar ante una tasa de paro juvenil que supera el 27% en Cantabria, 20 puntos por encima de la media general. “Es un drama que tantos jóvenes sigan buscando su futuro fuera de la región”, lamentó.
La socialista Ana Belén Álvarez coincidió en la importancia del plan, destacando que el anterior logró reducir seis puntos el desempleo juvenil. No obstante, afeó al Ejecutivo del PP haber incumplido una propuesta similar aprobada en marzo de 2024, en la que ya se pedía presentar este plan antes del 15 de octubre del año pasado. “Han pasado 15 meses sin avances”, denunció.
Desde el PP, el diputado Álvaro Aguirre respondió reivindicando la acción del actual Ejecutivo en áreas como la vivienda, la educación o el emprendimiento. Criticó que el desempleo juvenil no comenzó con el cambio de Gobierno y acusó al anterior Ejecutivo de llevar a cabo “nefastas políticas” en esta materia. Argumentó además que el nuevo plan se abordará en el segundo semestre del año dentro del diálogo social, ya que así lo han preferido los agentes implicados.
Vox también respaldó la propuesta. Su portavoz, Natividad Álvarez, alertó de que Cantabria “no puede seguir condenando a sus jóvenes a la precariedad o la emigración forzosa”.
En paralelo, el pleno aprobó —con la abstención de Vox— una moción del PRC que insta al Gobierno regional a establecer, en el plazo de 30 días, un calendario detallado y vinculante para firmar el convenio con ADIF y dar inicio a las obras de la terminal ferroviaria intermodal del centro logístico de La Pasiega. El texto también pide licitar el proyecto y su dirección de obra en un máximo de tres meses desde la firma.
Javier López Marcano, exconsejero regionalista, fue contundente: “Han pasado seis meses desde el supuesto acuerdo con ADIF y no hay ni convenio, ni un solo trámite administrativo que garantice el comienzo de las obras”. Acusó al actual Gobierno de limitarse a continuar proyectos heredados de la legislatura anterior sin aportar avances propios.
El PSOE respaldó esta crítica. El diputado Pablo Zuloaga acusó a la presidenta Buruaga de “no haber hecho nada” pese al compromiso de cofinanciación del Estado. Criticó que prefiera “hacer oposición al Gobierno de España” en foros como la Conferencia de Presidentes antes que defender los intereses de Cantabria.
Desde el PP, Alejandro Liz respondió asegurando que el proyecto está “encarrilado” y con cronograma definido. Lamentó que el PRC venga ahora a exigir fechas cuando en el pasado se conformaban “con un papel”. Subrayó que el Ejecutivo de Buruaga ha logrado el acuerdo financiero que antes no existía y defendió que ahora se trabaja con “un ancho homologado al europeo” que garantizará el éxito del proyecto.
Vox, por su parte, cuestionó la legitimidad del PRC para exigir plazos, recordando que llevan casi dos décadas hablando de La Pasiega sin cerrar un convenio con ADIF. Su diputado Armando Blanco calificó de “chapuzas” los antecedentes del Gobierno regionalista en infraestructuras y acusó a los regionalistas de buscar “blanquear su incompetencia”.
Durante la sesión, también se aprobó —con el voto en contra del diputado no adscrito— una moción conjunta para que el Gobierno cántabro asuma la cobertura sanitaria de los juegos escolares, y se rechazó la propuesta del PSOE de apoyar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, que fue tumbada por PP y Vox con el argumento de que sería “inasumible” para las pymes. PRC respaldó a los socialistas en esta propuesta.
En el turno de control al Gobierno, el PSOE preguntó por el estado de las obras del centro de salud de Reinosa y el PRC alertó de la falta de profesionales sanitarios en verano. Vox, por su parte, solicitó datos sobre los avances del plan digital para reducir la brecha tecnológica en las zonas rurales, y preguntó también por la falta de convenio con el Ministerio de Exteriores respecto a la oficina de Cantabria en Bruselas.
Además, los grupos abordaron temas como las competencias hidráulicas y el desarrollo del PSIR del parque empresarial de Laredo. El PRC pidió explicaciones sobre si se están buscando alianzas con otras comunidades ante el próximo debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.
