La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria ha confirmado su intención de seguir adelante con la regulación y posible expansión de las áreas de estacionamiento de autocaravanas dentro del Parque Natural de Oyambre. Un cambio que ya ha sido introducido a través de la Ley de Simplificación Administrativa recientemente aprobada, y que transforma de forma significativa el marco de usos permitidos en uno de los espacios naturales más emblemáticos de la región.
Así se anunció este martes durante la reunión del patronato del Parque, presidida por la consejera María Isabel Urrutia en el Palacio de Guevara, en Treceño (Valdáliga). En dicho encuentro, se dio cuenta de la modificación legal que, a través del artículo 89, altera el decreto 89/2010 que regula el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque. Con este cambio, se abre la posibilidad de autorizar la instalación de zonas de acogida para autocaravanas a particulares, siempre que se ubiquen en terrenos con baja visibilidad y sin necesidad de grandes movimientos de tierra.
Críticos con la medida señalan que esta apertura generalizada, basada en “la demanda existente” y la capacidad de carga del entorno, ignora el carácter de protección prioritaria del parque, al permitir que una actividad turística intensiva se expanda en todo su ámbito, sin análisis ambientales específicos por parcela ni una evaluación independiente del impacto acumulado.
Desde el Gobierno regional se defiende que las autorizaciones estarán sujetas a criterios técnicos, aunque sin detallar aún cómo se determinará esa “capacidad de carga” ni si se contempla participación de entidades científicas o conservacionistas en el proceso. En la práctica, esta vía permite que cualquier particular interesado en montar una zona para autocaravanas pueda solicitar permiso para hacerlo dentro de un espacio protegido.
En paralelo a esta modificación, la Consejería presentó otros proyectos en marcha dentro del parque, como la segunda fase del futuro Centro de Interpretación en la Casa Pozo, con una inversión prevista de 900.000 euros, o nuevas actuaciones en los sistemas dunares de El Rosal y Oyambre, consistentes en cierres perimetrales, plantaciones y paneles informativos.
También se dio cuenta de la continuidad del programa Life COOP CORTADERIA para controlar la expansión del plumero, y del mantenimiento del convenio con Naturea para el uso público del parque, además del trabajo de vigilancia e inspección de los Agentes del Medio Natural.
Pese a la batería de actuaciones ambientales, la medida estrella —la flexibilización para autorizar áreas de autocaravanas— ha centrado las reacciones más encontradas. Grupos ecologistas consultados ya han mostrado su preocupación por el “riesgo de turistificación del entorno natural” y por el precedente que puede sentar en otros espacios protegidos de la comunidad.
La reunión, a la que también asistieron los directores generales de Montes y Biodiversidad, Ganadería, y Pesca y Alimentación, sirvió para escenificar el respaldo institucional a una reforma normativa que, bajo la bandera de la simplificación, podría acabar debilitando la protección real de un parque natural que, por su ubicación costera y riqueza ecológica, se encuentra ya sometido a una notable presión humana.
