El Gobierno de Cantabria ha mostrado su firme oposición al nuevo decreto universitario impulsado por el Ministerio de Educación durante su participación en la Conferencia Sectorial celebrada este martes. El consejero Sergio Silva ha liderado el bloque de comunidades autónomas que rechazan la normativa, logrando que trece territorios -entre ellos Cantabria- soliciten formalmente la retirada del proyecto.
El titular de Educación cántabro ha fundamentado su postura en dos aspectos clave. Por un lado, ha denunciado la falta de transparencia en el proceso de elaboración del decreto, al que califica de «imposición unilateral» del Gobierno central. «No se ha consultado a las comunidades autónomas ni se ha permitido un debate sereno sobre una materia tan sensible», ha afirmado Silva.
Por otro lado, el consejero ha alertado sobre el recorte competencial que supondría la nueva normativa. «Los parlamentos autonómicos son los que actualmente deciden sobre la creación de universidades en sus territorios. Este decreto pretende arrebatarnos esa potestad», ha explicado. Silva ha insistido en que esta modificación vulnera el reparto de competencias educativas establecido en la Constitución.
Las críticas se han extendido también a las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien habló de endurecer los criterios de calidad para evitar los «chiringuitos educativos». El representante cántabro ha considerado estas palabras «impropias e irrespetuosas» hacia el sistema universitario español. «No es admisible que el máximo responsable del país desprestigie con ese lenguaje a instituciones que son referencia internacional», ha remarcado.
En el transcurso de la reunión, Cantabria ha aprovechado para reclamar atención sobre la situación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Silva ha recordado a la ministra los compromisos pendientes con esta institución, que sigue sin recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia. «Exigimos medidas concretas para resolver los problemas jurídicos y de gestión que lastran a la UIMP», ha insistido el consejero.
El resultado de la votación ha dejado clara la división territorial, con solo tres comunidades autónomas apoyando el decreto frente al amplio bloque opositor liderado por Cantabria. Este rechazo mayoritario obliga ahora al Ministerio a replantearse su estrategia y podría dar pie a nuevas negociaciones interterritoriales.
El Gobierno cántabro ha anunciado que mantendrá su postura firme en defensa de las competencias autonómicas y del prestigio del sistema universitario, al tiempo que seguirá reclamando soluciones para la UIMP, una institución emblemática para la comunidad.
