La diputada de VOX en el Parlamento de Cantabria, Leticia Díaz, ha defendido este lunes la actuación del Gobierno autonómico en relación con los menores migrantes no acompañados tutelados por la comunidad. En declaraciones públicas, Díaz aseguró que el Ejecutivo “ha procedido a cumplir lo acordado en sede parlamentaria el pasado 17 de marzo, que no es más que cumplir lo que la ley exige para aquellos menores que no huyen de conflictos armados ni tienen la condición de refugiados, sino que tienen a sus familias en sus países de origen”.
Según Díaz, la entrega de los expedientes de 18 menores a la Delegación del Gobierno responde a la intención de facilitar la “reunificación con sus familias, porque es lo más adecuado para el interés superior del menor”. En su intervención, insistió en que se trata de aplicar la normativa vigente y cumplir con lo pactado en la Cámara autonómica, en alusión a una iniciativa aprobada con los votos del Partido Popular y VOX.
Sin embargo, las palabras de la diputada se producen en medio de una creciente polémica tras la publicación de documentos por parte de la Cadena SER, que revelan que el Gobierno de Cantabria solicitó formalmente a la Delegación del Gobierno la evaluación para la posible repatriación de 18 de los 26 menores no acompañados que actualmente tutela la región. La mayoría proceden de Marruecos, Gambia y otros países africanos.
La solicitud ha desatado una ola de críticas por no incluir un análisis individualizado de cada caso, lo que podría contravenir tanto la legislación española como los tratados internacionales de protección infantil.
Desde el Gobierno de Cantabria, la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha negado cualquier intento de expulsión y ha calificado la controversia como una “polémica artificial e interesada”. Gómez del Río explicó que la iniciativa busca determinar si es mejor para los menores permanecer en Cantabria o reunirse con sus familias. “No queremos expulsar a nadie. Cantabria no tiene competencias para repatriar”, afirmó, alegando que la actuación se apoya en el artículo 35.5 de la Ley de Extranjería.
La consejera añadió que varios de los menores han expresado su deseo de contactar con sus familias, y justificó la solicitud dentro del marco de aplicación de un auto del Tribunal Supremo y del Real Decreto Ley 2/2025, que regula los traslados entre comunidades autónomas. También criticó la falta de transparencia del Gobierno central en la Conferencia Sectorial de Infancia.
Las reacciones políticas no se han hecho esperar. El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, calificó la actuación de “infame, ilegal e inhumana”, acusando al Gobierno autonómico de promover una “expulsión colectiva” y de tratar a los menores como “expedientes” sin tener en cuenta sus circunstancias personales. Casares exigió la retirada inmediata de la solicitud y aseguró que el Gobierno central no tramitará las repatriaciones.
Desde Izquierda Unida, su coordinador Israel Ruiz Salmón denunció la medida como “racista e ilegal” y acusó al PP de aplicar políticas de extrema derecha “idénticas a los discursos xenófobos”. También criticó la “hipocresía” de la consejera Gómez del Río por hablar de solidaridad en foros institucionales mientras tramitaba la expulsión de menores.
La polémica ha llegado incluso al Parlamento de Cantabria. Rosa Díaz, diputada del Partido Regionalista (PRC), ha registrado una interpelación dirigida al Gobierno regional para que explique los fundamentos jurídicos y éticos de la solicitud, así como su alineación con el principio del interés superior del menor.
La Delegación del Gobierno en Cantabria, dirigida por Eugenia Gómez de Diego, también ha cargado con dureza contra el Ejecutivo autonómico, denunciando que los 18 expedientes son prácticamente idénticos y que no incluyen informes personalizados. “Lo que se está promoviendo desde el Gobierno de Cantabria es, de manera encubierta, una repatriación colectiva”, aseguró, señalando que esta práctica vulnera tanto la legislación española como la Convención sobre los Derechos del Niño.
Gómez de Diego también acusó al Ejecutivo de usar a los menores como “moneda de cambio” en sus pactos con VOX y anunció que la Delegación del Gobierno tramitará de oficio los permisos de residencia para seis de los menores, al detectar que no han sido gestionados por la administración cántabra. “En 2020, Cantabria fue ejemplo de solidaridad con Ucrania. ¿Cuál es el problema con estos 18 menores? ¿Su color de piel?”, cuestionó la delegada.
Además, denunció que no existe una crisis migratoria en la región, sino una “crisis de solidaridad institucional”, y criticó que el Gobierno cántabro se niegue a colaborar con otras comunidades como Canarias o Ceuta en la acogida de menores migrantes.
Las declaraciones de Leticia Díaz reafirman el respaldo de VOX a las políticas restrictivas en materia migratoria y refuerzan la alianza tácita con el Partido Popular en esta cuestión, abriendo un profundo debate sobre los límites legales y éticos en la gestión de la infancia migrante en España. Mientras tanto, el caso cántabro se suma a un contexto nacional marcado por los precedentes jurídicos del caso de Ceuta y por una creciente presión sobre el sistema de protección a menores migrantes.
